De Guindos quiere resucitar una moribunda Ley de Desindexación de la economía

Dicha norma fue aprobada el 25 de marzo de 2015, pero desde entonces ha tornado prácticamente en papel mojado al no haberse aprobado el reglamento correspondiente que debía desarrollarla y permitir su aplicación en la práctica. Solo se sabía que debía haber entrado en vigor el 1 de enero de 2016, pero sin medidas concretas para adaptarlas a los distintos sectores no dejaba de ser una declaración de intenciones.

Y ha tenido que ser el fuerte repunte de la inflación en enero, con una subida de 1,4 puntos respecto al indicador de diciembre hasta terminar el mes con una tasa interanual del 3%, el desencadenante de que el Ejecutivo haya decidido resucitar una aparentemente moribunda Ley de Desindexación. El propio De Guindos anunció este martes en el Congreso que en los «próximos días» aprobará un decreto para desvincular los precios de otras variables, de forma que la subida del IPC en este comienzo de 2017 ha alcanzado un nivel no visto desde hace casi cuatro años y medio (3,5% en octubre de 2012) no provoque un incremento en cascada de todo tipo de prestaciones públicas y otras rentas que dependen de la Administración.

El ministro, en realidad, querría que también en el sector privado se aplicara el mismo principio aunque la norma solo afecta al ámbito de organismos y empresas públicas. Así, por ejemplo, en los contratos donde interviene la Administración, la ley señala que cuando se revisen los costes de la mano de obra el aumento repercutible en ellos «no podrá ser superior al incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público» en términos presupuestarios.

Ligando de esta forma incrementos salariales a posibles alzas en lo que cuesta realmente un determinado servicio se impide, a priori, que el encarecimiento del IPC se traslade de forma automática a las rentas. Con ello se evita, argumentó el ministro, los «efectos de segunda ronda», esto es, que las subidas de precios de algunos productos repercutan luego de forma directa en otros con los que no tienen relación.

El IPC se irá moderando

Para el titular de Economía, no actuar de esa forma «sería un error y afectaría a la competitividad de la economía». Evitó, no obstante, dramatizar con la subida del 3% en la inflación en enero que, eso sí, valoró como «un dato que no es positivo». Según los cálculos que maneja su departamento, y aunque no abundó en ellos, el repunte de los precios durará «unos meses» para luego moderarse a partir de la primavera y converger con la inflación subyacente (que no considera ni la energía ni alimentos frescos), que en diciembre estaba en el 1%.

El decreto que va a preparar el Ministerio desarrollará el reglamento pendiente de la Ley de Desindexación, donde se concretarán los índices y referencias que se usarán para actualizar rentas y servicios donde intervenga la Administración. De hecho, el Ejecutivo ya ideó la legislatura pasada otra referencia muy poco usada, eso sí frente al IPC.

Es el llamado Índice de Garantía de Competitividad, que toma el diferencial de inflación de España con la zona euro para corregirlo luego con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro. En sus oscilaciones habría un tope del 2% (el objetivo de inflación del BCE) frente a un suelo del 0%.

Según Economía, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales (el 3,5% del PIB). Así, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro estimado en los productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones.