La ayuda del bono social de la luz irá en función de la renta del consumidor

El ministro también aclaró que en el nuevo modelo se definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y mejorará su protección. Hasta ahora, los usuarios que se beneficiaban del bono social disponían de un descuento del 25% en la parte del consumo del recibo, siempre que pertenecieran a determinados colectivos sociales: familias numerosas, pensionistas con prestaciones mínimas, parados de larga duración y titulares de viviendas con escasa potencia contratada.

A partir de ahora se establecen cuatro tipos de consumidores: el ordinario; dos categorías de titulares de contratos vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa; y el perfil más extremo, atendido por los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a quienes no se les podrá interrumpir el suministro a pesar del impago de las facturas. En este último caso, el coste de la medida será confinanciada por las eléctricas a través de su aportación al bono social.

Además, se amplía de dos a cuatro meses el periodo de preaviso con el que cuentan los ciudadanos más vulnerables antes de que les corten la luz y las compañías del sector tendrán que contactar con las administraciones para comprobar si se encuentran en situación de pobreza extrema.

El ministro ha señalado que ahora hay una mayor conciencia de las empresas en este tema. De hecho, espera generosidad de todas las parte para que se haga de la forma más rápida posible. El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo anuló el modelo de financiación del bono social -que supone unos 200 millones al año- porque consideraba discriminatorio el hecho de que sólo tuvieran que respaldarlo las grandes corporaciones -Endesa, Iberdrola y Gas Natural, entre otras-. A partir de ahora, serán todas las compañías comercializadoras -incluidas las pequeñas, en proporción a la cuota de mercado que tengan-.

De hecho, parte de estas compañías se habían mostrado reiteradamente en contra del sistema del descuento del 25% en las facturas al considerar que entre los 2,4 millones de beneficiarios del bono social se incluían familias numerosas con altos ingresos, así como propietarios de segundas residencias aunque tuvieran escasa potencia contratada. Las peticiones del sector pasaban por esta relación aprobada en el consejo de ministros que vincula los ingresos de cada familia.