El Congreso vota hoy si ordena al Gobierno prohibir los cortes de luz a quien no pueda pagarla

De esta forma, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere recabar el compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad vean interrumpido su suministro energético. La moción contempla que sean las empresas las que asuman el coste en caso de que los servicios sociales justifiquen este impago.

La moción recoge otros siete puntos, entre los cuales destaca la sustitución del actual bono social por una "tarifa social de reducida cuantía" dirigida a familias con bajos niveles de renta, financiada por las compañías eléctricas y proporcional a la renta del hogar.

No más del 10% de los ingresos del hogar

Desde Unidos Podemos reclaman que la energía sea reconocida como "un bien público y común", y a partir de ahí garantizar que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales, no pudiendo superar este "suministro mínimo vital" el 10% de los ingresos mensuales del hogar.

Esta "tarifa asequible" se dirige, señalan, a todos los consumidores en su primera residencia, y en ella se "debe penalizar el consumo ineficiente" a través de elementos de fiscalidad energética, y considerar la renta como "criterio principal" a la hora de establecer "precios sociales y favorables para las familias en función de los ingresos económicos".

Como parte de estas medidas dirigidas a aminorar el coste de la factura energética, quieren que se aplique a la electricidad, el agua y el gas un tipo de IVA reducido.

Auditoría y transparencia

Toda esta batería de medidas sobre las que los grupos deberán posicionarse se completan con otros tres puntos dirigidas a las compañías eléctricas, a las que reclama el reconocimiento y la devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cifrados en más de 3.500 millones de euros.

Asimismo, insta al Gobierno a realizar una auditoría de los costes de todo el sistema eléctrico nacional para determinar "los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución". También piden auditar el déficit de tarifa, "su origen y su legitimidad".

Por último, el texto sobre el que se pronunciará el Congreso acaba con una exigencia de transparencia: exige a las empresas suministradoras publicar trimestralmente el número de consumidores que no pueden abonar la factura de la luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes del suministro.

También reclaman a las empresas "una mayor y mejor información" sobre los conceptos que incluye la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de los bonos sociales.