El Gobierno repartirá el coste del bono social entre todas las compañías eléctricas

Tras la reunión mantenida esta mañana en el Congreso con los grupos parlamentarios para abordar el problema de la pobreza energética, el Gobierno ha anticipado que va a preparar un real decreto ley prepara para que todas las empresas comercializadoras financie esta ayuda y evitar así el "escollo" de la fallo del alto tribunal, que censura la discriminación actual entre empresas integradas (como Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa) y las que no lo son.

Nadal ha salido del encuentro haciendo gala de la "unanimidad" que existe entre todos los grupos políticos con presencia en el Congreso para que sea el conjunto del sector privado, sin discriminación, el que soporte tanto el importe del bono social (que consiste en un descuento del 25% en la parte del consumo de energía de 2,4 millones de hogares) así como los 500 millones de euros que la sentencia prevé como compensación a las empresas eléctricas. Sin embargo, el ministro no ha querido ir más allá acerca de la multa, pues el Gobierno ha recurrido el fallo del Tribunal Supremo ante los "problemas jurídicos" que han detectado en el mismo.

En lo que no ha existido tanta unanimidad entre el Ejecutivo y los portavoces parlamentarios ha sido en la "mejora", como lo ha denominado Álvaro Nadal, del propio bono social y de las condiciones legales que definan la pobreza energética. El grupo de trabajo estudiará cómo puede modificar el apoyo que reciben las familias vulnerables para que no se les corte la luz, aunque el ministro ha incorporado un nuevo término, el de "vulnerabilidad extrema", esto es, hogares que se encuentren en una situación límite en cuanto a necesidades energéticas.

El principal problema que se plantea en las negociaciones deriva de cuestiones meramente competenciales entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos. El Ejecutivo no cree necesario modificar la legislación en cuanto al bono social, aunque es de carácter estatal, e insiste en que son los entes territoriales los que tienen asignadas esta capacidad para tomar medidas en el ámbito de los servicios sociales.