Las comunidades piden reunirse para aumentar su déficit

Desde las administraciones regionales se vienen quejando desde hace semanas de que la parálisis gubernamental les tiene entre la espada y la pared dado que ni siquiera se ha podido formalizar todavía el aumento de margen de déficit para este año, del 0,3% previsto inicialmente por los ajustes al 0,7% (el mismo que en 2015) en términos de Producto Interior Bruto (PIB), que el departamento de Cristóbal Montoro ya les anunció meses atrás. Aquel cambio se incluyó en el Programa de Estabilidad que España mandó a la Comisión Europea a finales de abril pero, al no haber podido aprobar el decreto anual de techo de gasto -paso previo a los nuevos Presupuestos- precisamente por estar en funciones, carece todavía de un respaldo normativo.

Esto es, el mayor margen que Hacienda concedió a las administraciones territoriales -en caso de las corporaciones locales, sin embargo, el objetivo se mantuvo en el 0% pese a tener un superávit de cuatro décimas el año pasado- se ha quedado por ahora en papel mojado. Para solucionarlo el PP presentó hace una semana en el Congreso una reforma exprés y puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitirá al Gobierno establecer los objetivos de déficit para las comunidades pese a que los del Estado todavía no se conozcan, al igual que tampoco el límite de gasto no financiero.

Si los plazos previstos se cumplen, y dado que en Moncloa creen contar con un respaldo parlamentario suficiente para este asunto, la modificación estaría aprobada a finales de mes antes de la posible fecha de disolución de las Cámaras (31 de octubre) en caso de que hubiera que ir a unas terceras elecciones legislativas en apenas un año. Sería entonces cuando se convocaría ese encuentro del Consejo de Política Fiscal que quieren promover ya varias comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cantabria y Canarias. Otras, incluidas algunas donde gobierna el PP como Castilla y León o Madrid, podrían seguir el mismo camino ante el riesgo de tener que prorrogar sus textos presupuestarios porque unos nuevos resultarían ficticios.

En esa reunión, sin embargo, pueden surgir más problemas de los previstos pues Gobierno y autonomías tienen posturas diferentes. Montoro ha dado por hecho que el límite de déficit para las comunidades será del 0,7% -menos de la mitad de su desfase en 2015, que rozó el 1,7% del PIB- porque no habrá negociación sobre la cifra para este año, aunque sí aceptaría modificarla algo para los siguientes. Su principal argumento es que gracias a la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2014 en julio recibieron una inyección de 8.500 millones de euros, que les permitió reducir un 90% su desfase acumulado hasta quedar en el -0,07% del PIB (830 millones).

Sacar provecho de Bruselas

Pero los Ejecutivos regionales quieren que el Ministerio les abra más la mano este año, apoyándose en que con la prórroga presupuestaria concedida por Bruselas en agosto el déficit autorizado para España ha aumentado un punto hasta el 4,6% del PIB -el descuadre del conjunto de las administraciones públicas se aproximaba al 3,3% al cierre de julio- mientras que para el próximo se sitúa en el 3,1% -aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha trasladado de manera informal a las autoridades comunitarias que su objetivo final será un poco superior aunque no muy lejano-. Argumentan que, si Hacienda ya les autorizó duplicar el déficit inicial previsto cuando la Comisión Europea dejó al Gobierno situar en el 3,6% el tope para 2016 frente al 2,8% contemplado inicialmente, ahora que ese margen va a ser claramente mayor deberían volver a beneficiarse de ello y no solo que lo haga el Estado.

En el departamento de Montoro, con las últimas cifras de recaudación en la mano, no tienen nada claro si cabe abrir esa mano un poco más o la nueva flexibilidad debería limitarse al Estado (su déficit roza ya el 2,8% del PIB) y la Seguridad Social (0,5%) dada la mala marcha de sus cuentas. Además, los ingresos por el impuesto de sociedades siguen cayendo en picado (un 23% menos hasta julio) a la espera del efecto de los cambios al alza que se van a aprobar en los anticipos exigidos a las empresas (el 23% de su resultado para las que facturen más de 10 millones anuales, y hasta el 25% en los bancos, lo que le permitirá obtener hasta 8.000 millones), mientras el IRPF baja un 2% aunque el IVA crece un 3,1% por el repunte del consumo.

Lo que sí ha hecho Hacienda para tratar de calmar los ánimos de los Gobiernos autonómicos, aunque sin éxito aparente por las últimas críticas, ha sido mandarles parte de la información contable que venían reclamando para elaborar sus cuentas de cara a 2017. En esas cartas les explica que no puede decirles cuál será el nuevo techo de gasto porque la situación de interinidad del Ejecutivo ha obligado a prorrogar los Presupuestos de 2016 (fue automático al no presentar un proyecto nuevo antes del 30 de septiembre), de manera que la cantidad de las entregas a cuenta será casi la misma hasta que cambie la situación política aunque sí tendrán un aumento (de unos 1.000 millones) por la liquidación del sistema correspondiente a 2015. A ello habría que sumar, en las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico, otros 4.000 millones extra cuando se ratifique su aumento del déficit hasta el 0,7% del PIB.