La Autoridad Fiscal culpa al Gobierno de no poder evaluar la senda de déficit

Desde el organismo que dirige José Luis Escrivá recuerdan que, según la normativa comunitaria, un organismo independiente -en este caso la AIReF- debe avalar el programa de estabilidad antes de que el Gobierno lo envíe a Bruselas, que tiene como límite este mes de abril. Sin embargo, para eso la AIReF insiste en que debe disponer con suficiente antelación del texto así como cualquier otra información o documentación que soporte las previsiones y datos incorporados.

En este sentido, la AIReF no recibió hasta el pasado 8 de abril un borrador del escenario macroeconómico de la actualización del plan de estabilidad. Sin embargo, la Autoridad Fiscal insiste en que es insuficiente y no puede evaluar los resultados al no disponer de la política fiscal subyacente, sin un mínimo detalle de la composición de ingresos y gastos. Además, la AIReF lamenta que todavía no ha recibido ni el borrador del plan de estabilidad ni otra información de su contenido. Escrivá ya ha remitido una carta al Gobierno para reclamar esta información.

No es la primera vez que la Autoridad Fiscal lamenta la falta de información por parte del Ejecutivo para poder realizar correctamente sus evaluaciones. Pero en esta ocasión supone incumplir los plazos que marcan la ley de estabilidad. El Ejecutivo prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 29 de abril la actualización del cuadro macroeconómico en el que recogerá la reducción de las previsiones de crecimiento que anunció el ministro en funciones, Luis de Guindos, (del 3% al 2,7% en 2016 y del 2,9% al 2,4% en 2017) y también los objetivos de déficit. Precisamente son estos últimos datos los más delicados dado el enorme incumplimiento de España el año pasado.

Aplicar la regla de gasto

A falta de concer los datos, la AIReF ha realizado unas previsiones bajo la premisa de que no se aplicase ningún tipo de ajuste o medida adicional. Según este parámetro, el déficit se situaría en el 2% en 2019. Un resultado que se produciría debido a un equilibrio presupuestario de la administración central, un desfase por debajo del 1% para las comunidades autónomas (en 2015 cerraron en el 1,66%) y un superávit del 0,3% de los ayuntamientos. Por su parte, el déficit de la Seguridad Social alcanzaría el 1,5%, lo que supone incrementar su desfase actual del 1,26% debido al aumento del gasto de las pensiones .

Por otra parte, la AIReF insiste en que si se aplicara de forma correcta la regla de gasto ayudaría a una reducción del déficit público más efectiva. Así, estima que si se implementara esta norma de la ley de estabilidad este año el déficit cerraría en el 3,7% y no en el 4,1% estimado por la AIReF. En 2017 el déficit bajaría del 3% y se quedaría en el 2,6%, en 2018 se situaría en el 1,6% y ya en 2019 apenas sería del 0,7%. En cualquier caso, el organismo fiscalizador reconoce que esta política más restrictiva tendría un impacto negativo en el PIB de tres décimas por año.