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David Valera
Viernes, 15 de abril 2016, 11:55
El Gobierno no cede con el déficit autonómico y mantendrá el objetivo previsto para ellas del 0,3%, en conjunto y en términos de Producto Interior Bruto (PIB), para este año. La presión recibida desde Bruselas, muy preocupada por la desviación de casi un punto ... sobre la cifra pactada en 2015, ha podido más que las protestas casi unánimes de las comunidades, que pidieron durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este viernes por la tarde una flexibilización de la senda de consolidación fiscal. Sin embargo, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, insistió en la necesidad de que los gobiernos regionales adopten medidas para corregir el desfase antes de poder optar a unos hipotéticos objetivos más relajados. En este sentido, Hacienda ha propuesto reuniones bilaterales con cada territorio para tratar individualmente las medidas de corrección en función de la desviación presupuestaria que sufriera cada uno en 2015.
«No va a haber ningún cambio en los objetivos como no tomemos medidas para cumplir con el déficit», aseveró el ministro tras la reunión al valorar la posibilidad de que la Comisión Europea conceda más tiempo a España para cumplir con el plan de estabilidad. Según Montoro, lo prioritario es que las comunidades den pasos para corregir el desfase actual. «Para que haya mayor margen debemos aplicar medidas ahora. No al contrario. Hay que demostrar que estamos comprometidos y luego ya veremos», explicó. Pese a todo, confirmó que si finalmente hubiera un nuevo escenario de objetivos se repartiría con todas las administraciones.
Hacienda afrontaba el encuentro sabedor de que por primera vez casi todas las comunidades eran reacias a la propuesta de adoptar ajustes para corregir el desvío del déficit. En esta rebelión también se incluyen algunas autonomías gobernadas por el PP como, por ejemplo, Castilla y León, que se ha mostrado dispuesta a llegar a los tribunales en caso de que le impongan ajustes.
Los consejeros autonómicos solicitaron así a Montoro una mayor flexibilidad en la senda de estabilidad para este año, que contempla un objetivo del 0,3% para las comunidades. Además, alegaron que los incumplimientos del año pasado se debieron en gran parte a la falta de recursos, por lo que insistieron en la necesidad de afrontar una reforma del sistema de financiación.
Uno de los participantes que más hizo escuchar su voz fue la consejera de Hacienda de Andalucía, María José Montero, quien criticó a Montoro por no escuchar las reivindicaciones de «la mayoría» no plantear «ninguna propuesta» novedosa para rebajar «la tensión».
Sin embargo, Montoro volvió a rechazar que el Gobierno pida recortes a las comunidades. En su opinión, el aumento de 7.400 millones de euros que éstas tendrán procedentes del sistema de financiación deberían dedicarse a cubrir los gastos.
Congelar el gasto
El titular de Hacienda recordó que las comunidades incumplidoras deben presentar los planes económico-financieros (PEF) correspondientes en los que tienen que recoger las variaciones presupuestarias para corregir el desfase en el déficit. En este sentido, insistió en que los gobiernos regionales aprueben una congelación del gasto -una petición que ya requirió a doce comunidades por carta a comienzos del mes- y ofreció a las regiones incumplidoras negociaciones bilaterales para evaluar los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Esas reuniones, que deben celebrarse en un plazo de unas dos semanas, serán eminentemente de carácter técnico. Hacienda espera que las autonomías anuncien ahí las medidas que aplicarán para cumplir con la senda de estabilidad. Con la concreción de esas actuaciones a acometer sumaría argumentos para defender ante Bruselas -antes de finales de mes debe enviar a la Comisión Europea la actualización anual del plan de estabilidad presupuestaria- que España sí está en disposición de cumplir con los objetivos de déficit ya comprometidos o, al menos, aproximarse mucho a ellos.
España, sin embargo, se desvió de forma considerable del objetivo de déficit de 2015 al cerrar en el 5% frente al 4,2% pactado. En concreto, el déficit de la administración central fue del 2,53%, cuatro décimas más de lo que esperaba.
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