200.000 hogares acceden al bono social este año de precio récord de luz

El dato, actualizado por el Ministerio de Transición Ecológica, supone un crecimiento del 17,7% con respecto al registro de finales de 2020, cuando había 1,09 millones de perceptores. Este incremento ha coincidido con un contexto marcado por los elevados precios de la luz. En enero, con la borrasca de frío Filomena, el coste de la energía se disparó hasta por encima de los 90 euros por megavatio/hora (mwh), una referencia que ya era muy elevada. En los meses posteriores cayó. Pero a partir de abril, los precios volvieron a empezar a incrementarse hasta que en junio han alcanzado nuevos máximos, llevando a la última factura a convertirse en una de las tres más caras de la historia.

Ante este panorama, las solicitudes de bono social se han reactivado. Y lo han hecho después de que el año pasado muchas familias se quedaran sin esta ayuda por falta de información a la hora de solicitarla o, directamente, por no optar a su renovación. El goteo de hogares que fue perdiéndolo aumentó de forma considerable desde que el 30 de septiembre del año pasado volviera a estar activa la obligación de solicitar la renovación de esta ayuda a medida que se cumplan los dos años desde que se concedió en cada hogar.

No todos los ciudadanos eran –ni aún son– conscientes de este procedimiento, habitualmente por desinformación, más aún después de que esta obligación de renovarlo quedara suspendida temporalmente durante el primer estado de alarma y el verano del año pasado. Estos cambios normativos ya provocaron que unos 133.000 titulares de contratos dejaran de ver cómo sus compañías de referencia les aplican el correspondiente descuento en sus recibos.

A finales de noviembre de 2020 tenían reconocido este derecho 1.207.500 beneficiarios. Sin embargo, en agosto de hace casi un año el sistema registró el máximo histórico de usuarios, con 1.339.233 titulares. En esos tres meses medió la necesidad de renovarlo. Lo deben hacer las familias que hayan disfrutado del bono tras dos años, a medida que se vaya cumpliendo ese plazo en cada contrato.

Pero, en realidad, una buena parte de los perceptores no lo hicieron, según fuentes del sector. Por ello, en el tramo final de 2020 cayó el número de hogares acogidos en un 10% con respecto al máximo del verano. Y lo hizo a las puertas del invierno, con temperaturas más bajas que obligaron a mantener las viviendas en unas condiciones de habitabilidad más adecuadas tirando más del uso de la electricidad.

Con los últimos datos sobre la mesa, los potenciales perceptores del bono social se han informado y han presentado sus solicitudes, a la vista de la evolución de los precios eléctricos. De hecho, esta opción –la del bono social– ha sido una en la que más ha insistido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para mitigar el impacto de la actual factura de la luz.

Las compañías de referencia (las comercializadoras del precio regulado de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Total y CHC) también han ido informando a sus clientes sobre la necesidad de realizar ese trámite con diversas campañas o misivas.

Para beneficiarse del descuento es imprescindible tener contratada la tarifa eléctrica Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) y una potencia igual o inferior a 10 kilovatios.

Existen cuatro tipo de descuentos, dependiendo del tipo de consumidor que se trate: vulnerable (25% de rebaja), vulnerable severo (40%), riesgo de exclusión social (50%). En el primer caso (consumidor vulnerable), la renta de la unidad familiar no puede superar los 11.279 euros al año (hogares sin hijos), 15.039 euros (un hijo) o 18.799 euros (dos).

También está disponible para familias numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas. Para acogerse a la condición de consumidor vulnerable severo todos esos umbrales de renta deben reducirse a la mitad. Los de riesgo de exclusión social deben cumplir con los requisitos económicos de los vulnerables severos, además, ser atendidos por los servicios sociales.