Los motociclistas calientan motores para la manifestación nacional de septiembre en León

Puntos a reivindicar

1.- Que las administraciones públicas titulares de las calles y carreteras cumplan la ley y, las mantengan en buenas condiciones para circular.

2. - Que se protejan todos los guardarraíles en el ejercicio y la protección del derecho constitucional a la no discriminación y a la seguridad.

3.- Que se prioricen las partidas presupuestarias para el mantenimiento de las carreteras y calles hasta que nuestras administraciones titulares cumplan las leyes.

4.- Que las administraciones públicas auditoras de la seguridad vial, de la vigilancia como la Dirección General de Tráfico, el departamento de seguridad del Gobierno Vasco, el Servei Catalá de Transit y ayuntamientos, cumplan la ley, y denuncien y sancionen a los funcionarios y/o responsables del mal estado de conservación de las carreteras y calles.

5.- Que se forme y equipe debidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad que practican la investigación de siniestros de tránsito.

6.- Que las fiscalías de seguridad vial persigan de oficio el tipo delictivo de no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo.

7.- Retirar del discurso político y de la DGT la intención del cobro por uso de las carreteras.

8.- Retirar la intención de la DGT de legislar y obligar al uso de guantes y chalecos de airbag.

9.- Que desde las autoridades de consumo se persiga la venta y distribución de equipación de protección para motociclistas que no esté debidamente certificada u homologada.

10.- Que se reduzca el gasto público entrando en modelos lógicos de consumo del erario público de nuestras administraciones públicas, reduciendo así los impuestos de hidrocarburos y en general de la energía.

11.- Que se reconozca a la motocicleta como un vehículo eficiente en la movilidad urbana y se de protección especial a su uso.

12.- Que se regule el uso de la moto de campo de forma lógica y equilibrada. Formalizándose un modelo de «Licencia verde» que permita el uso de la moto de campo en determinadas zonas y temporadas, bajo la tutela de una norma general de mínimos con un enfoque de criterios en todas las comunidades autónomas y, que se regule la actividad deportiva para no perder la disciplina e incluso el modelo de ocio.