Marta Domínguez también pierde su batalla judicial contra la prensa

Marta Domínguez también ha perdido su batalla judicial contra varios medios de comunicación, a los que demandó al considerar que vulneraron su derecho al honor por informar de que la Guardia Civil encontró en su domicilio sustancias dopantes, entre ellas EPO, durante el registro de la operación Galgo desarrollada el 9 de diciembre de 2010, cuando fue detenida. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la exatleta palentina contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia que el pasado mes de junio desestimó su recurso de apelación y le impuso la obligación de pagar las costas del proceso.

Cuatro meses después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) condenase a Marta Domínguez a tres años de sanción por dopaje, la Sala de los Civil número 1 del Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia, de 13 de junio de 2016, contra la que no cabe recurso alguno. El Supremo estima que los motivos alegados por la exatleta «carecen de fundamento» y «no está justificada» una nueva revisión de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y, anteriormente, por el Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia.

El 14 de diciembre de 2015 este tribunal ya concluyó en primera instancia que «la información divulgada (por los medios) fue esencialmente veraz», derivada «de la información de una nota de prensa oficial del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil» y que las fuentes citadas por los demandados no eran «indeterminadas», sino «determinadas, serias, objetivas y fiables».

Después de que la Guardia Civil acusase a Marta Domínguez de ser suministradora de sustancias dopantes, la demanda por presunta vulneración del derecho al honor fue interpuesta por Marta Domínguez, representada por el abogado José Rodríguez, contra Ediciones El País, El Norte de Castilla, Nueva Rioja, La Verdad Multimedia, Ediciones Deportivas Catalanas y Mediaset España. Los medios y periodistas demandados ya fueron absueltos en primera instancia «de todos los pedimentos efectuados en su contra; todo ello, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora».