La Policía brasileña registra oficinas del consorcio que construye obras olímpicas

A la orden de allanamiento del Consorcio Complejo Deodoro -integrado por las constructoras locales OAS y Queiroz Galvao, ambas también investigadas por corrupción en el megrafraude a la estatal Petrobras- se suman órdenes de allanamiento en otras dos empresas subcontratadas, según precisó la Policía. Las irregularidades en Deodoro, ejecutadas con recursos del ministerio de Deportes y donde deben realizarse competiciones olímpicas de equitación, tiro, BMX y pentatlón moderno, fueron detectadas a mediados de 2015 por la antigua Contraloría General de la Unión (CGU, actual ministerio de Transparencia).

La CGU encontró entonces «indicios de falsificación en los registros de los volúmenes de residuos de las obras de construcción civil» transportados de la zona norte, donde se construyen las instalaciones olímpicas, hasta otra ciudad del estado de Río, según señaló el ministerio de Transparencia en dicho comunicado. El daño potencial a las arcas públicas está estimado en casi 24 millones de dólares por el ministerio, que sospecha asimismo de la creación de una empresa fantasma para simular gastos.

Debido a tales sospechas, un tribunal bloqueó el pasado marzo el pago de 37 millones de dólares por servicios de transporte y descarte de residuos que debían ser abonados por el Estado brasileño al Consorcio Complejo Deodoro. Este consorcio negó su culpabilidad con otra nota de prensa: «La alteración del costo de transporte de residuos se debe al aumento de la cantidad de material transportado, que no estaba previsto inicialmente en el proyecto básico. Tal alteración no impactó el valor total de la obra estipulado en el contrato».

El comité organizador de Río 2016 aseguró que, pese a todo, su evento será exitoso. «No esperábamos esto, pero sabíamos que podía ocurrir», afirmó el director de Comunicaciones, Mário Andrada. La investigación 'Lava Jato' sobre el megrafraude en Petrobras «básicamente conecta a todas las grandes compañías constructoras en el país. Garantizamos que con las compañías que tenemos, los estándares que tenemos, vamos a estar listos para entregar unos Juegos grandiosos y proteger a atletas y turistas», recordó Andrada. Además, un portavoz de la alcaldía de Río negó cualquier responsabilidad sobre esta polémica: «Este es un asunto del Consorcio que estamos acompañando. Nadie en la alcaldía sabía de esto».