Tebas descarta sanciones deportivas para el Barça por el 'caso Negreira'

El presidente de LaLiga incidió en que «esos servicios no se debieron de haber prestado nunca, ni en los importes ni en los hechos» y anunció que pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y al comité designador de los colegiados ante la posibilidad de que se produjesen interferencias durante los años en los que José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018, realizó trabajos de asesoramiento para el Barça. «En el año 2018 y anteriores, las normas de compliance, que controlan los conflictos de interés del Barcelona y del CTA no funcionaron», explicó Tebas, que abundó en que en el plano deportivo están atados de pies y manos por la normativa vigente, lo que no significa que no puedan derivarse responsabilidades en otros ámbitos.

«A nivel deportivo no es posible, pero puede que sí a nivel penal. Ahora está la Fiscalía investigando los hechos por si puede existir un delito entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo. Vamos a ver cómo termina esta investigación. Nosotros, desde LaLiga, vamos a esperar y vamos a respetar la investigación que va a hacer la Fiscalía. Si decide interponer la querella, ahí tomaremos decisiones, si la hay, nos personaremos. Si no hay querella, quedará archivado», acotó Tebas, quien se mostró disgustado por el daño que el escándalo está haciendo al deporte del balombié. «Tanto estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español», aseveró.

Y es que el 'caso Negreira' ya habría prescrito según el artículo 112 de la nueva Ley del Deporte que fue aprobada por el Congreso el pasado 22 de diciembre. El artículo en cuestión recoge que «las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses». El supuesto conflicto de intereses concluyó en 2018, coincidiendo con el cese del ex vicepresidente del CTA, por lo que ya no habría lugar a alguna sanción que afectara al Barcelona.

Los pagos del Barcelona al exárbitro y miembro del comité quedarían reflejados en el artículo 104.1 como «infracción muy grave». El artículo recoge aquellas «actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva». La sanción por dicha infracción sería «la pérdida o descenso de categoría o división», tal y como viene tipificado en el artículo 108.1 de la nueva Ley del Deporte. Esta infracción «muy grave» y que podría significar el «descenso de categoría» queda anulado por el artículo 112, y al tipificarse como «muy grave», prescribe a los tres años. Al concluir en 2018, hace más de cuatro años desde el último pago entre el Barcelona y el exvicepresidente del CTA, por lo que la entidad azulgrana quedará impune.

Existen algunos precedentes sobre corrupción a lo largo de la historia del fútbol. El caso más sonado fue el de la Juventus, que descendió de categoría y fue multado económicamente en 2006 por influir en los árbitros para ganar partidos en la temporada anterior, en una trama que acuñó el nombre de 'Moggigate'.

Aunque existen similitudes, el caso del conjunto italiano es aún más grave que el del Barcelona, ya que la Federación Italiana incautó llamadas telefónicas que probaban la trama corrupta basada en la influencia del equipo turinés hacia los árbitros.

La Federación Española de Fútbol (FEF) se ha desvinculado del caso y anunció este jueves que se personará «en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto». El organismo que preside Luis Rubiales ha abierto un expediente disciplinario al Barcelona y al CTA y asegura que «en el momento en que se disponga de la información suficiente, la FEF adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar en todas estas situaciones».

La FEF recordó a través de un comunicado que tras las elecciones a la presidencia a finales de mayo de 2018 se renovó la cúpula del CTA y cesó a los anteriores directivos, entre los que se encontraba Enríquez Negreira. El organismo federativo insiste en que desde la llegada de Luis Rubiales no existen conflictos de intereses entre los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral, ya que obliga a todos los trabajadores «a detallar cualquier ingreso, al margen de los percibido en la FEF, que pudiera estar relacionado con el fútbol».

«La FEF exige, además de la declaración de no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados, una declaración ampliada firmada por todos los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral. Todos los miembros han presentado y firmado dichos documentos», informa el ente federativo.