La justicia rechaza que el Barça sea acusación particular en el 'caso Negreira'

La denuncia por el escándalo que salpica de lleno al Barça se presentó contra Sandro Rosell, contra Josep Maria Bartomeu, contra el FC Barcelona, contra Enríquez Negreira y contra los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL. LaLiga se personó como acusación particular. El Real Madrid, también, pues consideró que pudo ser perjudicado si el Barcelona fue favorecido en la toma de decisiones de los árbitros y, por ende, en los resultados de la competición. La justicia admitió al club blanco como acusación, pero no al Barça, que solicitaba una doble condición: la de acusador y acusado.

La entidad azulgrana se siente perjudicada por la presunta comisión de un delito de administración desleal por los anteriores rectores del equipo. Su argumento es que el patrimonio del club presuntamente se habría venido administrando indebidamente, causando, en consecuencia, un perjuicio al mismo. Con independencia de la existencia de una prestación real y efectiva de un servicio de asesoramiento técnico arbitral, este servicio habría venido facturándose doblemente, formalizándose, además, uno de dichos canales de facturación a través de mercantiles interpuestas que recibían una comisión, según se defiende en el Barça, que cree que el caso sitúa al club como sujeto pasivo del delito y es necesario que ostente la doble condición de investigado y acusación particular.

Para la jueza instructora, la pretensión del FCB de personarse en su condición de perjudicado es «contradictoria». La magistrada se apoya en una comparecencia pública realizada por el actual presidente, Joan Laporta. Afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club, explicando las conclusiones preliminares del informe de compliance, «del que no se desprende la existencia de daño patrimonial alguno para la entidad», según recuerda la jueza.

La jueza, a petición de LaLiga, amplió recientemente la lista de investigados a Javier Enríquez, quien formó parte del entramado empresarial que ideó su padre, José María Enríquez Negreira, para cobrar 7,3 millones del Barça durante 18 años, mientras era el número dos de los árbitros. En el auto que imputó a Javier Negreira, la jueza amplió los delitos atribuidos y sumó un supuesto blanqueo de capitales. La magistrada amplió el periodo de investigación por el delito de blanqueo de capitales desde 2001 hasta el momento actual.

La causa investiga «actuaciones» para favorecer al Barça «en la toma de decisiones de los árbitros». «Los hechos investigados indiciariamente se refieren a determinadas actuaciones de personas vinculadas al Barça tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros y en los resultados de la competición», según la resolución judicial.

La jueza, además, ha decidido prorrogar un mes el secreto de las actuaciones de la causa. Está a la espera de recibir documentación del Barça, de la Federación, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de empresas remesadoras de fondos. De la entidad blaugrana, ha requerido los originales de los 629 informes, los 43 CDs y los otros cuatro informes a los que se refirió Laporta en su comparecencia pública del 17 de abril, en su primera y única rueda de prensa para dar cuenta de la situación del club. La justicia pide la identificación de las personas que han compuesto la estructura ejecutiva del FCB, la de los vicepresidentes deportivos y otros máximos responsables deportivos del club, así como de la secretaría técnica o deportiva, además de directores generales, CEOs, directores financieros, así como cualquier otro cargo, independientemente de la denominación, con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club y los responsables económicos de la entidad con capacidad para adoptar decisiones de relevancia económica y financiera.

Asimismo, debe aportar cuantos informes hayan sido emitidos y se especificarán las personas responsables de los mismos para el periodo comprendido entre 2001 y la actualidad tanto del órgano de compliance como del comité ético o asesor en caso de que lo hubiere.

A la Federación Española de Fútbol, la justicia le reclama que facilite la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el año 2010 y la actualidad. Y a la Agencia Tributaria, que adjunte la declaración de operaciones con terceros de los Enríquez, padre e hijo, así como la identificación de sus productos financieros, saldos de dichos productos de los que hubieran sido o sean actualmente tanto titulares como apoderados.