El Barça pagó 1,4 millones al exvicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira

Tanto el investigado como varios integrantes del club han prestado declaración ante la Fiscalía. Entre ellos, Albert Soler, entonces director de deportes profesionales del Barça y Òscar Grau, ex CEO del club. En concreto, las cifras que el club desembolsó fueron de 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 en 2017 y 318.200 en 2018. El colegiado, consultado por el programa de radio, defendió que no existe documentación porque su trabajo se basaba en «asesorar verbalmente» al club. En cambio, Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, sí que manifestó suministrar «informes concretos» al club.

El asesoramiento se centraba en la actitud que los jugadores debían tener hacia los árbitros y el trato que tenían que mantener con cada uno de ellos. El excolegiado niega que se produjera cualquier trato de favor. En el informe de la Agencia Tributaria se precisa concretamente que «el FCB quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, es decir, 'que todo fuera neutral'».

En sus declaraciones, los ejecutivos detallan que era el hijo el que proporcionaba los informes al club. El Barcelona ha defendido que se trata de una política habitual y que se remonta, al menos, a 2003, con Joan Gaspart en la presidencia. Josep Maria Bartomeu, máximo dirigente durante los años que se investigan, declaró a 'Què t'hi Jugues' que los informes dejaron de encargarse «por una política de recorte de gastos». Versión corroborada por integrantes de la anterior junta directiva, presidida por Sandro Rosell. Gaspart, por su parte, aseguró que no le consta dicha información.

Aunque el Barcelona sí que reaccionó con un comunicado. Ahí detalló que «en el pasado» contrató los servicios de un «consultor técnico externo» para recibir informes técnicos de jugadores de categorías inferiores. Al tiempo amplió su relación con el proveedor, al que ya encargó «informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial». Una práctica que, asegura, es «habitual en los clubes de fútbol profesionales». Añadió que «actualmente, este tipo de servicios externalizados recae en un profesional adscrito al Área de Fútbol».

También emitió su postura el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Ahí «lamenta los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento» y recuerda que «ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses».