Siete claves del juicio por amaño del Levante-Zaragoza que puede sacudir este lunes el fútbol español

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El partido bajo sospecha.- El encuentro enjuiciado es el que disputaron en la última jornada de la campaña 2010-11 en el Ciutat de València entre un Levante que ya había conseguido la salvación matemática y un Zaragoza que necesitaba ganar para no depender de otros resultados para hacerlo. El encuentro acabó 1-2. Los acusados han defendido que se trató de un choque disputado y normal para esas circunstancias, las acusaciones han esgrimido un informe de LaLiga que trataba de demostrar que los locales apenas buscaron la portería rival.

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La denuncia 'anónima'. Fue el actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien en marzo de 2013 presentó la denuncia por el posible amaño cuando era vicepresidente de esta entidad. Lo hizo en base a la información que le dio un exjugador del Zaragoza, cliente de su despacho de abogados. Las defensas han pedido la nulidad de las actuaciones al entender que rompió el secreto profesional al que estaba obligado.

Tebas, que no ha querido desvelar su identidad durante el proceso, ha argumentado que fue el futbolista quien le dio el mandato de denunciar aunque no ha aportado más prueba que su palabra. Los testimonios con los que Tebas apuntaló la denuncia no se ratificaron en el proceso.

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42 acusados, 36 futbolistas.- En total hay 42 acusados, aunque uno de ellos es una entidad, el Zaragoza. Del resto, 36 son jugadores o exjugadores, los 18 jugadores de cada uno de los equipos que fueron convocados para ese encuentro independientemente de si jugaron o no. Entre ellos están jugadores como Ánder Herrera, actualmente en el PSG, Vicente Iborra, en el Villarreal, Gabi Fernández, exjugador del Atlético de Madrid, o Cristian Stuani, del Girona.

Las defensas han cuestionado el criterio para elegir a los acusados y han apuntado que en cualquier caso deberían haber estado todos los jugadores de las plantillas. Los otros cinco acusados son Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza, Antonio Prieto, exdirector deportivo maño, Agapito Iglesias, expropietario y expresidente de la entidad, y dos directivos de su confianza en aquella etapa.

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El relato de la acusación.- Según argumentó el fiscal Pablo Ponce, el choque fue una estafa, pues en los días previos al mismo el Zaragoza retiró 1,7 millones de euros de sus cuentas que hizo llegar a los jugadores del Levante, que aceptaron dejarse ganar ese encuentro. El club hizo una serie de transferencias a varios jugadores, además de a Aguirre y a Prieto.

Según su relato y lo que contaron los jugadores, casi todos ellos lo devolvieron a Iglesias directa o indirectamente. Además también hicieron firmar a Gabi un recibo de una prima extra a la plantilla que ninguno de sus integrantes ha reconocido haber cobrado y que el excapitán aseguró que firmó engañado. El club habría ocultado el destino de ese dinero, según el fiscal, con nóminas falsas.

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La versión de las defensas.- Tanto el Zaragoza como sus exdirectivos han defendido que el dinero que sacaron del club fue a parar a sus propios jugadores como premio por la salvación, pero estos han negado haber recibido ninguna a cantidad extra más allá de las oficiales que recibieron. Que el dinero llegara a los jugadores antes del encuentro lo justificaron por exigencia de estos y aseguraron que en el caso de haber descendido se les habría computado como salario.

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El rastro del dinero.- La versión de las acusaciones ha intentado demostrar que los jugadores del Levante apenas gastaron dinero de sus cuentas o de sus tarjetas en los meses siguientes para hacer ver que habrían dispuesto del efectivo recibido. Los exfutbolistas del conjunto valenciano han tratado por su parte de hacer ver que aquel verano hicieron un uso normal del dinero. Ante la falta de una prueba física, la Fiscalía apuesta por la acumulación de indicios para obtener una condena.

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Las posibles penas.- La Fiscalía y las acusaciones particulares, LaLiga y el Deportivo reclaman por corrupción deportiva dos años de cárcel y 3,4 millones de multa para cada una de las 41 personas acusadas y una inhabilitación de seis años que les impediría tanto jugar a los que lo hacen, pero también ejercer de entrenadores o directores deportivos, entre otras actividades.

Además, pide por falsedad documental otros dos años más de cárcel y una multa adicional contra los tres exdirigentes del Zaragoza al entender que modificaron las nóminas para ocultar el destino del dinero que sacaron de las arcas del club. Para la entidad aragonesa reclaman una multa de 1.000 euros diarios durante dos años.