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Ignacio Tylko
Jueves, 10 de marzo 2016, 20:35
Ángel María Villar, vicepresidente de la FIFA, vicepresidente primero de la UEFA y máximo mandatario de la Federación Española de Fútbol (FEF) desde que sucedió a José Luis Roca hace 28 años, ha recibido dos noticias procedentes de los tribunales. Una positiva, ya que según ... avanzó As, el juzgado de instrucción número 10 de Madrid habría admitido a trámite su querella por prevaricación contra Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, y otra negativa, ya que no podrá organizar las elecciones a su gusto, toda vez que la Audiencia Nacional ha rechazado su petición para suspender de forma cautelar la orden ministerial por la que se regula el proceso electoral en las federaciones deportivas españolas.
Según este medio, el juez avanza en la querella presentada por el letrado Ignacio Peláez, al entender que "los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" por parte de Cardenal. Esta decisión se produce después de que, en su tercera reunión, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abriese la semana pasada "un proceso de información reservada" para estudiar la posible apertura de expedientes disciplinarios a Villar y al máximo mandatario de la federación de baloncesto (FEB), José Luis Sáez.
Se da la circunstancia de que el proceso de «información reservada», recogido en el marco del Reglamento de Disciplina Deportiva, no fija plazos para recibir información, estudiarla y resolver en consecuencia. Este procedimiento se abrió el pasado 11 de febrero, cuando el Consejo Superior de Deportes (CSD) remitió los dossieres y pidió sendas aperturas de expedientes disciplinarios a Villar, Sáez y su secretario general y director económico, Luis Giménez.
En el caso que afecta a la FEF y a Villar, el CSD informó al TAD sobre los casos del Recreativo de Huelva y del CD Marino Tenerife-Sur, en los que el organismo que preside Cardenal identificó un supuesto "agravio comparativo" y un "menoscabo del principio de igualdad de los clubes" por un supuesto trato de favor a ambos clubes. Con la documentación ya en su poder, el 19 de febrero los siete miembros del tribunal se reunieron por primera vez y decidieron posponer su resolución una semana. Sin embargo, en la segunda reunión el asunto se trasladó de nuevo para el viernes 4 de marzo, fecha en la que se resolvió iniciar un "proceso de información reservada", sin fijar un periodo determinado para concluirla. Justo cuando se celebró esa reunión del TAD, se conoció la querella de Villar contra el máximo responsable del deporte español por prevaricación. Todo un contragolpe futbolero elevado a términos de tribunales.
Amenaza fallida
El revés jurídico para Villar está motivado porque la Audiencia ha rechazado su requerimiento para suspender de forma cautelar la orden ministerial que regula las elecciones a la FEF, a celebrarse el próximo 22 de abril. Consideró sin éxito el dirigente vizcaíno que esta norma supone "un atentado directo a la potestad de autoorganización de las entidades privadas". Villar alegaba que la orden dictada el 18 de diciembre por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, invadía su terreno y podía causarles "daños y perjuicios", entre ellos que los clubes de fútbol españoles no puedan participar en competiciones internacionales por vulnerar la normativa de la FIFA.
Sin embargo, esta amenaza de que los equipos se quedasen fuera de Europa no le funcionó esta vez a Villar. Sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto, los magistrados rechazaron su pretensión al concluir que FEF "se limita a aducir unos daños meramente hipotéticos" con unos planteamientos "generales e imprecisos". Según la Audiencia, el objetivo de la orden es "reforzar la transparencia de los procesos electorales" y mejorar la gobernanza de las Federaciones, "ofreciendo al deporte de élite una representación adecuada en sus estructuras".
Por lo tanto, Villar tendrá que ajustar la Asamblea de la FEF que votará a su próximo presidente al reparto justo que establece el Gobierno entre entrenadores, clubes, jugadores, árbitros y federaciones territoriales. Una medida adoptada para intentar democratizar los procesos en las federaciones españolas, en las que hay presidentes que se perpetúan en su cargo por encima de los 25 años.
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