La Sagrada Familia aportará 36 millones en diez años a su entorno y tendrá licencia en 2019

En concreto, destinará 22 millones de euros en una década -2,2 anuales- a la mejora del transporte público, con una aportación calculada en función de los 4,5 millones de visitantes del templo cada año, según el acuerdo, firmado en un acto al que también ha asistido la teniente de alcalde, Janet Sanz, y vecinos del entorno del templo. Además, aportará siete millones a mejoras de accesibilidad en Metro que se decidirán en una comisión de trabajo para reducir los visitantes que utilizan los actuales accesos de la estación Sagrada Familia, algo que lograrse con un acceso directo al templo o uno nuevo exterior y se deberá estudiar con la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ha señalado Sanz.

La Junta Constructora contribuirá con cuatro millones a reurbanizar las calles del entorno del templo -Marina, Provença, Sardenya y Mallorca-, y con otros tres en diez años a servicios municipales derivados de la actividad del templo, como limpieza, vigilancia y agentes cívicos.

Han insistido en que el plan especial que permitirá que el templo solicite y pague la licencia de obras -con un coste anual en función de la volumetría- estará listo en el primer trimestre de 2019 y, preguntados por si este acuerdo podría beneficiar al templo a la hora de pagarlo, Camps ha garantizado que éste «no implica ningún privilegio especial».

Responsables municipales y de la Sagrada Familia acordaron en 2016 crear una comisión técnica que estudiara cómo regularizar las obras del templo, que está en construcción desde hace más de 130 años sin licencia del Ayuntamiento y terminará de levantarse en 2026 -está construido al 70%-. El acuerdo no incluye la continuidad de la escalinata de acceso a la fachada de la Glòria por la calle Mallorca -que implicaría la expropiación y derribo de viviendas-, que se abordará más adelante con una comisión de trabajo y se reconocerá aunque no se regularizará en el plan especial, que también excluirá las columnas de la calle Mallorca que invaden parte de la acera.

En el plan especial, aunque no quedará regularizado, Sanz ha señalado que se establecerá un calendario para determinar el futuro urbanístico de este entorno y ha dicho que el Gobierno de Colau no se opone de forma rotunda a la escalinata, pero que siempre ha defendido que primero se debe tramitar la licencia: «A partir de aquí, comenzaremos a debatir los mejores instrumentos». Camps ha resaltado que, cuando se aborde el asunto de la escalinata, debe hacerse desde el diálogo y la escucha y del mismo modo que se ha logrado este acuerdo: «Negociando la gente se entiende. Lo ha demostrado este consistorio», ha dicho, y ha asegurado que se pondrán a trabajar de inmediato para que ni la escalinata ni las columnas de la calle Mallorca queden en el olvido.