Un nuevo contrato contempla la intermitencia laboral de todos los trabajadores culturales

Los ministros de Cultura, Miquel Iceta, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciaron este jueves el nuevo contrato junto a otros avances en la redacción del ansiado Estatuto del Artista tras la tercera reunión de la Comisión Interministerial, de la que participan siete departamentos. Su borrador se presentará en marzo y el nuevo contrato entrará en vigor el 1 de abril como Real Decreto.

Será un contrato laboral «adecuado» a la intermitencia del sector y que además de a los creadores, intérpretes y ejecutantes amparará a los técnicos y auxiliares de la artes escénicas, la música y el audiovisual. Se incorpora para dotar a los trabajadores culturales de un «marco laboral idóneo y justo», según dijo Iceta.

«Los mecanismos para desincentivar los llamados contratos de alta rotación no se van a aplicar a la cultura. Los profesionales de este sector estarán exentos de este desincentivo que hemos incluido en la reforma laboral para los contratos que duran menos de 30 días», destacó Escrivá.

Otra de las novedades es la mejora en la compatibilización de la pensión con otros ingresos obtenidos por actividades artísticas que generen derechos de propiedad intelectual, y en especial para aquellos artistas jubilados, incluyendo a ejecutantes e intérpretes, que perciban una pensión no contributiva. «Nos quedaba este fleco, sangrante, ya que las pensiones no contributivas, las más bajas, no estaban cubiertas por esa compatibilidad», lamentó Iceta. «Ahora hacemos universal esa posibilidad, ya que era especialmente doloroso ver cómo el último sector que quedaba era el de autores con ingresos más bajos», agregó.

Habrá además en la Seguridad Social unidades gestión «especiales que conozcan la realidad de los artistas» y se ofrecerá un tratamiento específico a los autónomos con ingresos más bajos. «Tendremos a profesionales especializados en este colectivo, así como un servicio de atención dirigida a ellos, con nuevos canales de comunicación, como la videollamada, a través de la que se podrá firmar documentos y formalizar trámites, entre otros servicios» avanzó Escrivá.

«Estoy convencido de que a una sociedad se la valora por cómo trata a sus artistas y creadores, y el Estatuto del Artista cuida de ellos y mejora sus condiciones laborales y de todo tipo, y lo hace de una forma que no se había conocido en años», se felicitó Iceta ante los avances de un de uno de sus grandes compromisos para esta legislatura.

Desde que Iceta retomó el desarrollo del Estatuto del Artista, el conjunto de normas que el sector reclama desde hace años, se han producido 27 reuniones de grupos de trabajo y se han acordado, o están en proceso de negociación, 39 medidas de la 57 que contemplaba el informe a aprobado por unanimidad en el Congreso en 2019. Pero desde entonces solo un puñado de esas ideas se habían materializado, lo que dejó al sector muy expuesto frente a la crisis económica agravada por la pandemia.

«Ahora queda que las medidas lleguen al Consejo de Ministros y a las Cortes, porque la cultura necesita un marco jurídico idóneo, justo y estable», reiteró Iceta. «Es necesaria la reforma de la actual norma, que es de 1985 y no se ajusta a la realidad del sector. Tenemos autores que viven de pensiones no contributivas y se trata también de decidir si la sociedad española considera que la creación merece ser recompensada y quien vive de eso tiene derecho a una existencia digna», agregó el ministro.

La cuarta reunión de la Comisión Interministerial del Estatuto del Artista tendrá lugar antes de mayo, en la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y se abordarán «avances en el ámbito de cualificaciones profesionales».

El Estatuto del Artista también contemplará «un tratamiento diferenciado» para autónomos, «buscando un encaje, sobre todo para los de ingresos más bajos».

En la anterior reunión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que la norma buscaría «evitar una proliferación» de falsos autónomos en el sector, al tiempo que se esperaba «reformular» el actual régimen de contratación para «hacer compatible» la flexibilidad con la «eliminación del abuso de temporalidad».