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Un plan «estructurado, con acciones concretas y evaluables». Es lo que exige el partido Alantre al Gobierno central para que «cumpla» con el mandato de Europa y proteja de forma «urgente» en leonés.
El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas, una fecha para poner en valor esos idiomas que forman parte del folklore de regiones como la leonesa y que exigen una protección inmediata por su alto riesgo de desaparición.
En este contexto, el partido Alantre recuerda la «necesidad urgente» de que las instituciones impulsen «políticas efectivas para la conservación de las lenguas como la leonesa». La reivindicación no es nueva, ni minoritaria. El Consejo de Europa marca febrero de 2026 como fecha límite para que las administraciones españolas, a todos los niveles, diseñen e implementen un Plan de Recuperación Lingüística. Esto implicaría, explica el partido, acciones como incluir el leonés en la enseñanza, fomentar su uso en medios y administraciones o desarrollar campañas para evitar su desaparición.
A poco más de un año para que se cumpla esta fecha, lo cierto es que, para Alante, lo que cunde es la «falta de compromiso real» para desarrollar este plan. «Se han limitado a gestos simbólicos y divulgativos, sin aplicar medidas efectivas cuando tienen capacidad de gobierno», denuncia el partido, que pone como ejemplo el Reglamento de Uso del Leonés en Documentos No Oficiales del Ayuntamiento de León, que, a pesar de haber sido aprobado, «sigue sin aplicarse».
Otras instituciones como el Instituto Leonés de Cultura, dependiente de la Diputación de León, se colocan sin embargo a la cabeza dentro de sus posibilidades en la defensa de la lengua propia, con diferentes campañas en colegios, con señalética en leonés en sus centros o con la publicación de libros y certámenes para fomentar el uso de la lengua.
Alantre pide en este sentido pasar «de los hechos a las palabras» y exigen, en primer lugar al Gobierno central, una «respuesta clara» sobre «acciones concretas» para poner en marcha un plan, como exige Europa, que debe «incluir una asignación de presupuesto para ello».
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