El Gobierno reducirá las retenciones a los artistas con relación laboral especial

En la segunda medida, se reduce el tipo de retención del 15 al 7% en relación con las actividades económicas desarrolladas por los artistas que tributen como autónomos. Para ello, según indica la nota de prensa difundida por el Ministerio de Cultura, será necesario que el artista hubiera obtenido en el período impositivo anterior unos rendimientos íntegros de tales actividades inferiores a 15.000 euros y que estos representen su principal fuente de renta, entendida esta última como más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio.

Fue Isabel Rodríguez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la responsable de anunciar ambas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La aprobación de estas medidas supone un paso más en el desarrollo del Estatuto del Artista, un proceso que comenzó en septiembre de 2018, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista. Al respecto, Rodríguez explicó que se han puesto en marcha un total de 46 de las 58 medidas pactadas, de acuerdo con la comisión interministerial.

Precisamente, este martes llegaba al Congreso de los Diputados el Real Decreto al que el pasado 10 de enero dio luz verde el Consejo de Ministros y que, entre otras medidas para proteger al sector cultural, establece una nueva prestación por desempleo que rebaja los requisitos de días cotizados para que artistas y técnicos puedan acceder al subsidio, además de permitir compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación con cualquier actividad artística que genere rendimientos económicos. El Pleno del Congreso convalidó sin votos en contra el Real Decreto, si bien acordó también tramitar la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, abriendo la puerta a posibles cambios vía enmienda. La convalidación del decreto salió adelante con la abstención del PP, Vox y Junts, mientras que su tramitación como proyecto de ley fue apoyada por todos los grupos de la Cámara.

Fue Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, la encargada de presentar esta nueva norma en la Cámara Baja que tiene en cuenta «una de las grandes reivindicaciones del sector». «Hemos puesto las bases para romper una discriminación histórica, una zona de sombra que era intolerable y alejaba a este sector y a su capacidad de generar riqueza y empleo de la protección y el reconocimiento de los derechos debidos», decía. La norma cambia el régimen ordinario de protección social para crear una prestación específica de desempleo que tiene en cuenta el carácter «intermitente y estacional» de los trabajadores del sector -artistas, cámaras, maquilladores, músicos, técnicos...- en sus relaciones laborales. Según avanzó la ministra, serán los propios empleados quienes elijan qué modelo de cotización prefieren. Así podrán optar por un modelo 60 días de cotización en un plazo de 18 meses para una prestación de desempleo por un total de 120 días, o por un sistema de desempleo que baja la necesidad de días cotizados a 180 -habitualmente eran 360- en un plazo de seis años. «En estos supuestos -señaló-, las personas tendrán derecho a una prestación que en función de las cotizaciones podrá ser del 80 o el 100% del IPREM». La duración de la prestación será de cuatro meses y es compatible con la percepción de derechos de la propiedad intelectual y de imagen.

La nueva norma extiende también la compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación con la actividad artística. Hasta ahora, esa compatibilidad sólo alcanzaba a actividades que generaban derechos de propiedad intelectual; a partir de la entrada en vigor de esta norma, también se aplicará a actividades como una conferencia asociada a la presentación de un libro y no solo a los derechos de propiedad de la obra. Y se tiene en cuenta, una vez más, no solo a los artistas o intérpretes sino también a los técnicos o los profesionales que realizan actividades auxiliares. Los beneficiarios de una pensión no contributiva podrán también compatibilizarla con rendimientos de su actividad artística, siempre que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional.

El Real Decreto también tiene en cuenta que buena parte de los trabajadores del sector son autónomos. Para aquellos con bajos ingresos (iguales o inferiores a 3.000 euros anuales), la norma incorpora una cotización reducida: en 2023 se fija una base de cotización para ellos de 526,14 euros, que supone una cuota mensual de 161 euros. La base se irá actualizando en años siguientes. Además, en atención a la irregularidad de muchas de las actividades de este colectivo, la norma abre la posibilidad a solicitud del interesado de que el plazo de ingreso de las cuotas sea trimestral, en vez de mensual.

Asimismo, con la entrada en vigor del Real Decreto se crean dos comisiones: una para el estudio de las enfermedades profesionales del sector cultural y otra para el estudio «profundo» de la intermitencia en las relaciones laborales, con el objetivo de estudiar el efecto de estas medidas sobre el sector.

Por su parte, el diputado del PP Mario Garcés tildó el Real Decreto aseguró que las medidas relacionadas con el sector cultural contempladas en la norma son correctas, pero «absolutamente insuficientes», afeó que de las 58 medidas necesarias para el desarrollo del Estatuto del Artista no todas estén ejecutadas aún y puso en duda las cifras que da el Ejecutivo sobre el número de afiliados a los que beneficia la nueva norma: «No son 77.000 como dice la nota de prensa, son 17.000».