El Gobierno recurre la ley balear de toros que prohíbe la muerte del animal

Se considera que esta ley balear incurre en inconstitucionalidad porque invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones de básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes, según los razonamientos del Gobierno.

También invade competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, así como en las de seguridad pública. A esto se añade que, a diferencia de otras comunidades, la de Baleares no tiene recogido en su Estatuto de Autonomía competencias específicas para la protección de los animales.

En 2016, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre la ley catalana de protección de los animales, en la que indicó que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural". La ley de toros fue aprobada por el Parlament balear el pasado mes de julio con los votos de los partidos de izquierda y la oposición del PP y Cs y prohíbe expresamente maltratar y matar a los toros, por lo que los toreros sólo podrán emplear el capote y la muleta, ni banderillas, ni estoques, ni puntillas.