El nuevo 'canon digital' recaerá sobre teléfonos, ordenadores y memorias

De esta manera, la norma, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto si es ratificada por el Congreso, impone un sistema de canon que, desde esa fecha, encarecerá el precio de un 'smartphone' en 1,1 euros, el de un reproductor de vídeo y sonido en 6,45 euros, el de una tablet en 3,15, el de una impresora entre 4 y 5 euros, o el de un lapiz de memoria o un DVD en poco más de 20 céntimos. Estos gravámenes concretos a los aparatos, equipos y soportes de reproducción son solo para los próximos doce meses, y todo parece indicar que las revisiones posteriores encarecerán las tasas.

El Gobierno se ha visto obligado a retornar al modelo de 'canon digital', que es el que aplican la práctica totalidad de países europeos salvo España y Finlandia, después de que en noviembre pasado el Tribunal Supremo anulase la fórmula que Mariano Rajoy había implantado nada más llegar al Ejecutivo, en enero de 2012, por la que pasó a compensar a los autores a través de los Presupuestos del Estado, con una partida que fijaba anualmente el Consejo de Ministros según la disponibilidad de recursos públicos.

El alto tribunal anuló el modelo del PP en aplicación de una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la UE. El fallo continental indicaba que la fórmula era contraria a las leyes comunitarias porque a la hora de pagar la compensación a los autores no discriminaba entre quien tiene derecho a hacer copia para uso privado (los particulares) y quienes lo tienen vedado (profesionales y empresas). Así, a través de los Presupuestos, se cometía la injusticia de que pagaban todos por igual, beneficiados o no.

La doble sentencia no solo ha obligado al Gobierno a cambiar el modelo de compensación sino a establecer una serie de exenciones al pago del canon en la línea exigida por la jurisprudencia europea. El propio portavoz del Ejecutivo reconoció hoy que han tenido que variar con urgencia la norma porque la UE ya había apercibido a España con la imposición de una sanción.

No tendrán que abonar el gravamen, o en su caso se les reembolsará a posteriori, los particulares o empresas que justifiquen que el destino que le van a dar a los equipos de reproducción que adquieren es profesional. No pagarán tasa porque tienen prohibido hacer copias de las obras sin licencia de los autores. Por el mismo motivo, estarán eximidas las adquisiciones que hagan las entidades públicas.

El real decreto prevé que las organizaciones de derechos de autor deberán constituir una entidad que será la que cobrará las compensaciones a fabricantes y distribuidores y también la que gestionará las exenciones de pago del canon y sus reembolsos, posibilidad para la que tendra siempre disponible al menos un 30% del dinero que recaude.

El real decreto prevé una aplicación escalonada del nuevo canon. El primer año se establece un régimen transitorio en el que se cobrará las tasas antes indicadas a los diferentes equipos y soportes. Son unos gravámentes por debajo de la media de la UE. A partir del 1 de agosto de 2018, un real decreto regulará ya de forma más sosegada tanto los soportes como las cuantías futuras, «para adaptarlas a la realidad de la copia privada y de las novedades tecnológicas del mercado». Las siguientes modificaciones de productos y de gravámenes se harán por orden ministerial y se actualizarán al menos una vez cada tres años.

El dinero que se puede recaudar con este sistema es aún una incógnita. En el último año del 'canon digital' de Zapatero (2011) se obtuvieron 115 millones y, en cambio, el Gobierno del PP, vía Presupuestos, solo vio necesario compensar a los autores en 2015 con 5 millones. El Ejecutivo aseguró que el real decreto está acordado con los principales partidos, con los autores y con las grandes empresas del sector tecnológico.