Victorino Alonso defiende que 'El Feixolín' contaba con permisos y vigilancia de todas las administraciones

Durante el desarrollo de la audiencia el empresario ha utilizado como argumento defensivo que él no era el propietario de la empresa por lo que no se le puede imputar esa responsabilidad. En realidad, ha recordado, él era un trabajador, consejero delegado en ocasiones así como presidente y vicepresidente de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Pero nunca gerente, como defendió en varias ocasiones.

En su declaración, Victorino Alonso defendió que la mina contó con permisos y vigilancia de varias administraciones durante varios años seguidos, asegurando que un consejo de administración formado por partidos políticos y Caja España («que ponía la pasta») tomaba las decisiones por mayoría de dos tercios.

«Mi función fundamental era desarrollar el concepto del Plan Estratégico, ya que las decisiones que tomaba el consejo las ejecutaba el director general. Yo nunca fui accionista de la empresa, solo tenía una accion mínima de centavos de euro», señaló.

Sobre la firma del convenio con el Ayuntamiento de Villablino, en el que su firma fue la de la minera, Alonso señaló que firmó «porque lo podía haber firmado el director general, pero me lo pidió porque estaba en Madrid y yo lo hice». De la misma forma, y asegurando que lo que allí se firmaban eran «las tasas a pagar», Victorino Alonso señaló que «esto no quiere decir que hayamos hecho ningún desastre medioambiental».

De la misma forma aseguró que la relación con el exalcalde de Villablino siempre ha sido mala «porque era un dolor de muelas y ese era su trabajo», al tiempo que se exculpó de la implicación en el presunto delito medioambiental. «La responsabilidad máxima era del director facultativo», afirmó, añadiendo que «ni siquiera es del director general».

Defendiendo su papel como consejero delegado, estimó que El Feixolín entraba dentro de los planes aprobados e impulsados por el Ministerio de Industria.

Victorino Alonso quiso defenderse señalando que «cuando se abrió El Feixolín, en el año 1986, no se requería licencia medioambiental alguna, aunque después estuvo supervisado por el Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y leon, el Ayuntamiento, las juntas vecinales, el Seprona y contaba con planes aprobados por Miner».

Igualmente aseguró que en la actualidad se encuentra jubilado, cobrando únicamente una pensión cercana a los 2.500 euros, con un embargo por el último juicio perdido en Huesca.

Después fue el turno de José Tascón, al que la Fiscalía señala como testaferro necesario. «Yo no soy ningún hombre de paja ni de hierba», señaló durante el juicio.

De formación bachiller, José Tascón fue, según su declaración, «administrativo toda la vida en la empresa», a la que entró en 1985.

La clave de su acusación reside en que Tascón era apoderado de la compañía, ya que «tenía que firmar porque el director general estaba en las oficinas de Madrid, aunque mi poder notarial era ínfimo, de los que menos tenía».

Asegurando que «solo he declarado una vez y lo he olvidado», defendio su inocencia, hecho por el que afirmó sentirse «tranquilo». En la actualidad aseguró cobrar una pensión de cerca de 2.700 euros, de la que se embargan entre 700 y 800 euros.

En la antesala del juicio Guillermo Murias ha asegurado que asume el caso «con tranquilidad y con ganas de que termine este asunto que lleva 19 años coleando y la verdad es que creo que es necesario que termine. No es normal estar hablando de un proceso que terminó hace 19 años».

Para su defensa el exalcalde ha asegurado que intentaría «recrear la realidad social y económica de Laciana hace 19 años» y ha recordado que cuando llegó al Ayuntamiento «estaba la explotación iniciada. El Ayuntamiento no concedió nunca la licencia porque la empresa precisaba permisos previos de Junta e Industria».

Sea como fuere, durante el juicio señaló que en el inicio de su primera legislatura, en 1995, trató de legalizar la situación del Feixolín «con mucha rapidez», como apuntó el fiscal.

«Tratamos de cumplir con la legalidad, porque encontramos que faltaba la declaración de impacto ambiental y demás papeles necesarios», recordó el exalcalde, que avanzó que «hubiera sido una irresponsabilidad cerrar El Feixolín en 1995 por falta de licencias. No nos gustaba demasiado una explotación a cielo abierto, pero la realidad es que socialmente El Feixolín era fundamental».

De la misma manera, entendió que «ahora, decir que había que cerrar la explotación es como hacer una quiniela el lunes, después de conocer los resultados».

«Siempre pensamos que se podía legalizar pero en 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estableció que la explotación era ilegal y se instaba al ayuntamiento de iniciar un procedimiento de paralización y sancionador 120 millones de euros, cantidad que posteriormente fue reducida«, ha recordado.

Mientras para la acusación particular, representada por Jorge González Lage (Ecologistas) la explotación de 'El Feixolín' sin los pertinentes permisos supuso un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales al fragmentar «los habitat del oso pardo y el urogallo cantábrizo» por lo que se pide una pena por encima de los ocho años de prisión para el empresario.

El juicio se desarrolla contra la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC), propiedad del empresario Victorino Alonso, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, cometido supuestamente durante las labores de explotación de la mina de carbón a cielo abierto de 'El Feixolín, situada en el municipio de Villablino.

Tras 19 años de diligencias y retrasos, después de que en septiembre se suspendiera por última vez debido a que la empresa argumentó una situación de indefensión por no haber recibido los escritos de acusación, la Audiencia sentará también en el banquillo al apoderado de la empresa, José Tascón, y al exalcalde Villablino, Guillermo Murias.

En la causa, el fiscal solicita ocho años de cárcel para los dos representantes de CMC encausados -Alonso, como gerente y accionista mayoritario, y José Tascón, como apoderado- por un delito continuado contra el medio ambiente, debido a que la actividad minera se desarrolló durante 13 años en un paraje protegido y sin las licencias oportunas, así como la restauración completa del daño ecológico y medioambiental causado.

También pide 15 meses de prisión para el exregidor de Villablino Guillermo Murias por un presunto delito de prevaricación urbanística, por tratar de legalizar la situación de la explotación.