El Tribunal de Cuentas destapa que las ayudas a las cuencas mineras se esfumaron sin control

Este órgano ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras en el periodo 2006 y 2017, en el que se ejecutaron 1.786 millones de euros, de los que 1.005 millones correspondieron a la línea de infraestructuras y 681 millones a las dos sublíneas que hay para proyectos empresariales creadores de empleo.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que ninguna de ellas se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones, informa Efe.

Así, ha explicado que «el IRMC careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales».

En cuanto a las primeras, ha concluido que el marco normativo regulador (Real Decreto 1112/2007) era «ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno».

A este respecto, varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales.

«La selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto«, ha criticado.

Asimismo, ha lamentado una «falta de homogeneidad» en el procedimiento que, a su juicio, se ha traducido en «deficiencias e irregularidades en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro».

Con relación a las subvenciones para proyectos empresariales, que se redujeron significativamente desde 2014 y con un elevado porcentaje de desistimientos, afirma que estas ayudas podrían no estar desplegando todo su potencial.

Además, dice que se han advertido incidencias en relación con la justificaciones presentadas, que afectaron a la conservación de justificantes o a la concertación de prestaciones con personas vinculadas con el beneficiario.

Asimismo, la fiscalización ha observado una falta de coordinación entre el IRMC y las entidades colaboradoras, lo que ha afectado al seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de los fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios al no existir planes sistemáticos de comprobación.

«Las entidades colaboradoras de Aragón y Castilla y León aceptaron, indebidamente, cuentas justificativas rendidas mediante la modalidad de informe de auditor«, ha denunciado.

El Tribunal de Cuentas ha subrayado que el número de solicitudes de subvenciones se ha reducido significativamente desde 2014, lo que, unido al elevado porcentaje de solicitudes en las que se produjeron desistimientos, supone que «estas subvenciones podrían no estar desplegando plenamente su potencial».

«Se han advertido incidencias en relación con la justificación presentada, que afectaron al deber de conservación de justificantes, a la concertación de prestaciones con personas vinculadas con el beneficiario, y a la falta de solicitud de las ofertas preceptivas en la selección de empresas subcontratistas«, ha apostillado.

En su opinión, el IRMC no impulsó suficientemente los procedimientos de reintegro de las ayudas ni inició procedimiento sancionadores; ni tampoco desarrolló actuaciones de seguimiento y reclamación de los derechos que asumió como consecuencia de la liquidación de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.

«Determinadas infraestructuras financiadas nunca se pusieron en uso, siendo, en particular, reducido el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales«, ha concluido.