El Tribunal de Cuentas culpa a Adif de parte del coste y los retrasos de la variante

El análisis propone mejoras en la empresa pública que gestiona las obras, Adif Alta Velocidad, después de verificar que en la variante llegó a contratar obras que eran imposibles, adjudicó proyectos que hacía años habían quedado desfasados por la normativa técnica y tuvo que pagar a empresas que reclutó y luego despachó sin que hubieran movido una piedra.

En la variante, ocho fueron los trabajos adjudicados en esos años, por 90,5 millones, y que luego resultaron suspendidos. Los de mayor cuantía atañen a la ventilación y la vía en ancho ibérico de la vertiente asturiana. El primero se adjudicó en verano de 2014, el acta de replanteo es de agosto pero no hubo certificación hasta diciembre, lo que supone que hubo un parón encubierto. En primavera de 2016 se acordó una primera suspensión «ya que no existía posibilidad de realizar los trabajos básicos del contrato» en tramos que, el acta de replanteo de dos años antes, sí creía factible. Esto «pone de manifiesto que la suspensión fue debida a una falta de coordinación entre los distintos hitos» de la obra. Lo que empezó como un parón porque había otros tajos que acabar antes devino en una rescisión al comprobar que, en realidad, el diseño encargado para la ventilación era insuficiente.

En verano de 2014 la ministra anunció que todos los grandes contratos estaban firmados. El último era el montaje de vía, por 7,6 millones. En realidad al adjudicatario no se le dejó poner ni un metro. Se suspendió el trabajo para tramitar un modificado pero tras «ocho meses, se desistió de la tramitación» al tener ya vía en La Robla para traer el material. Y después se paró porque la ladera seguía desmoronándose. Al final se rescindió porque Foro presionó para que esa vía fuera en ancho internacional. Se pagaron a la empresa 215.676 euros de compensación pese a que no puso un metro de vía; una «deficiente planificación del contrato», afea el tribunal, que también cree que hubo modificados que no cumplen con la normativa de contratación pública.

Las telecomunicaciones móviles se firmaron en abril de 2014 y siguen en suspenso. La tracción eléctrica en Pola de Gordón es de la misma fecha pero el diseño incumplía normas en vigor desde 2006 y 2008, sin que se exigieran responsabilidades.