La 'trampa' de las renovables en León: destrucción de especies protegidas y menos cultivos

Y si bien es cierto que las energías renovables son el futuro, estos modelos para suministrar electricidad presentan una serie de problemas más allá de su incapacidad para producir de forma continuada y con la misma potencia que, por ejemplo, la energía nuclear. Su impacto en la biodiversidad y el patrimonio natural está levantando ampollas entre ecologistas y ciudadanía, que observan como las grandes instalaciones fotovoltaicas y eólicas ocupan espacios naturales donde antes predominaba la flora y la fauna. Asimismo, el sector agrícola denuncia que el crecimiento exponencial de estos parques energéticos limitan las unidades de cultivo y pasto para los animales.

Recientemente, el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (Fdjcc) ha elaborado un mapa de proyectos eólicos y fotovoltaicos que ocupan dicho espacio. Entre esas zonas se encuentra la provincia de León. Desde esta sociedad reclaman una mayor transparencia en los procesos de aprobación de los parques, así como un seguimiento más exhaustivo por parte de las administraciones de lo que se consideran «zonas sensibles», donde la creación de una infraestructura de este calibre podría «perjudicar gravemente» a «un ecosistema que tiene las respuestas a nuestra supervivencia como especie».

En la provincia de León encontramos un total de 18 parques eólicos activos -incluidos los de 'La Espina, Peña del Gato y Valdesamario, que estuvieron paralizados por el TSJ por afecciones al urogallo- y 30 proyectados, si bien es cierto que entre los que se encuentran paralizados en algún proceso podrían alcanzar los 34, de acuerdo la información que maneja el Fdjcc. Una información obtenida tras 10 años de trabajo que desde el propio fondo reconocen que no ha sido fácil de conseguir, «ya que de algunos parques no se vuelve a tener noticia tras algunas fases del proceso y no se conoce cómo se ha resulto por parte de la administración competente». En este mismo sentido, los creadores del mapa precisan que la lista completa es imposible de obtener a por la información pública y que para completar la infografía han necesitado la ayuda de «asociaciones de las zonas» e, incluso, «recortes de periódicos de hace años». Aún así, conocer la agrupación ha sido incapaz de obtener los datos sobre el perímetro que ocupan estas áreas de producción eléctrica.

En lo que respecta a las instalaciones fotovoltaicas, el territorio de León cuenta con un total de 95 núcleos localizados pertenecientes, al menos, a 73 parques parques solares. Todos están registrados en el mapa como proyectos, aunque muchos ya llevan años instalados y en funcionamiento, porque la información administrativa ofrecida por la Junta de Castilla y León y el Miterd (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) no diferencia entre unos y otros, según informan desde el fondo.

En principio, la proliferación de estructuras no debería suponer un problema social, si no todo lo contrario toda vez que los Gobiernos han apostado por este tipo de producción energética más sostenible que la quema indiscriminada de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global, de acuerdo con las teorías aceptadas masivamente por la comunidad científica. No obstante, el conflicto arriba cuando estas estructuras se hacen en espacios con especies protegidas o en riesgo de desaparición como puede ser el 'gyrocarium oppositifolium', una hierba anual híspida endémica de zonas como el monte de Ponferrada. Se trata de una planta que aparece en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenaza de España y que, desde el Fondo Para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, sostienen que numerosos parques ocupan zonas de hábitat natural de este terófito de aparición esporádica.

Y como uno de los principales enemigos del paisaje y la biodiversidad del medio rural y natural se erige el macroparque eólico o fotovoltaico. ¿Qué es considerado en el sector como un macroparque de energías renovables? Aquel que supera los 50 megavatios (MW) y, por tanto, deben ser gestionados a través del ministerio, mientras que en los que no alcanzan esa cifra su autorización corresponde a la comunidad autónoma, en este caso a la Junta de Castilla y León. Normalmente, las autorizaciones realizadas por los gobiernos autonómicos que las ejecutadas por el Miterd. Esto hace que muchas empresas apuesten por fragmentar macroparques y presentar varios proyectos que no excedan el límite de los 50 MW.

La 'triquiñuela' no debería ser negativa per sé si no fuera porque, «aunque los proyectos se tramitan por separado, se presentan de manera conjunta, eludiendo de ese modo una Evaluación de Impacto Ambiental que englobe todo el territorio afectando e incurriendo en una fragmentación de proyectos que, de tramitarse de manera conjunta, evidenciaría impactos más severos que si lo hacen por separado». Una explicación del Fdjcc que se resume en que las empresas propietarias de los parques se sirven de un subterfugio legal con el que evitar estudios ambientales que ralentizarían su construcción y puesta en marcha.

Además, señalan desde el Fondo, el Real Decreto Ley 11/22 por el que se adoptan medidas para responder a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania ha servido para «agilizar» también los proyectos superiores de los macroparques en los que se aplica un mapa de zoonificación ambiental que solo contempla «un 14% de las especies amenazadas en España». De esta manera, sostienen los profesionales que han elaborado el mapa del Fdjcc, tanto «las administraciones, al no tener un mapa actualizado y completo, como las empresas, al instalar parques en zonas de baja sensibilidad ambiental, están poniendo en serio riesgo, cuando no destruyendo, grandes áreas de biodiversidad amenazada y cuya recuperación es casi imposible».

Las energías renovables no solo tienen por delante el reto de conjugar producción con respeto a la biodiversidad natural, si no que también se enfrentan hecho de que una importante parte de sus infraestructuras ocupan terrenos de cultivos. Desde Asaja informan que en León cerca de 9.500 hectáreas dedicadas a la producción agraria han pasado a ser hábitat para las placas solares. Asimismo, José Antonio Turrado, presidente autonómico de la organización agraria, señala que la «cifra no es exacta» puesto que, como ya ocurriera con el Fdjcc, «no disponemos de toda la información pública de los proyectos fotovoltaicos programados y en activo» en Castilla y León.

Turrado asevera que la construcción de paneles solares cultivos «echa a los agricultores, que generalmente trabajan esas tierras a renta, sin obtener indemnización alguna».

El 79% de los españoles se muestran a favor de las energías renovables y un 88% están «preocupados o muy preocupados» por las amenazas del cambio climático, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora OnePoll para la compañía energética Statkraft. Claramente, el sentir ciudadano es proclive a la utilización de este tipo de herramientas para la producción eléctrica, mas estudios como el mapa del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica o reivindicaciones como las de las agrupaciones agrarias obligan a las empresas y administraciones públicas a buscar una solución que concite todos los intereses de forma que el método con el que se pretende preservar el planeta no acabe siendo una rémora para el mismo.