Suárez-Quiñones espera que el Plan Rector de Picos de Europa esté en vigor ya en 2020

Este PRUG de Picos es algo a lo que se comprometió el consejero de Fomento y Medio Ambiente y que, si se cumple esta previsión, ocurrirá bajo la Presidencia del Patronato por parte de Castilla y León, ya que cambia de manos cada dos años junto a Cantabria y Asturias.

«Será seguro el año de la aprobación. Está muy avanzado y necesariamente saldrá este año. Se ha llegado a un estudio y es un PRUG muy consensuado y merece la pena que sea reconocido por todos», espetó.

Además de este plan, el consejero recordó que está pendiente un nuevo convenio actualizado para la gestión del parque, después de que el Estado transfiriera las competencias del mismo a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional en 2004. Por ese motivo, las tres comunidades autónomas firmaron un convenio para poner en marcha una estructura «en unidad de acción». Será en 2020 cuando se adapte y «se modernice», tal y como prometió también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en un reciente encuentro celebrado en Cantabria.

Castilla y León tiene la mayor extensión de Picos de Europa, pero no llega ni a 800 habitantes, de los alrededor de 14.000 que residen en el parque nacional. Además, es un espacio destacable para la Comunidad, ya que de los tres millones de turistas que recibe anualmente, el diez por ciento visita Picos de Europa.

Suárez-Quiñones invitó a la ciudadanía a la participación en la propuesta de anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, es decir, la nueva ley de Caza, que se encuentra en Gobierno Abierto hasta hasta el 17 de enero.

Los plazos que maneja la Administración autonómica para una norma tan esperada, visto además el año 2019 que ha estado marcado por la judicialización en este asunto, «dependen de la tramitación y las alegaciones». «Es un plazo indefinido ahora mismo, pero la pretensión es poder presentarla y aprobarla en Consejo de Gobierno para convertirla en proyecto de ley y llevar a las Cortes en el próximo periodo de sesiones, que empieza en febrero», avanzó.

Este es el reto marcado por la Consejería, si bien entendió que «aún tiene que pasar por consensos políticos y sociales para que esté dotada de peso y garantía». Una colaboración que ya se vio en la modificación de la ley anterior que se llevó a cabo en 2019 en las Cortes y que obligó a introducir diferencias. «Esta ley no puede estar sujeta a avatares partidistas», sentenció Suárez-Quiñones.