«Ya no puedo confiar en la Justicia»

Si una persona no está preparada para morir, menos lo está para perder un hijo. Julia Fernández, la madre de Sheila, lleva dieciséis años «sobreviviendo» a la «pesadilla» que le supone no saber quién le arrebató a su hija. Siempre segura de que la Justicia resolvería el caso, incluso cuando parecía perdido, los últimos acontecimientos han dinamitado por completo esa confianza . «Ya no puedo confiar en la justicia. Los informes remitidos al juzgado por la Guardia Civil esta vez eran muy claros. Las pruebas fueron concluyentes y sitúan al sospechoso en el vehículo de Sheila. No entendemos nada», reconoce con un gesto a caballo entre la extenuación y la impotencia, sentada en el salón de la casa familiar, esa en la que no hay un solo rincón sin una foto de la hija perdida.

El sospechoso al que se refiere la madre de Sheila es una expareja de la joven sobre el que los investigadores pusieron el foco desde el primer momento, pese a que él siempre negó cualquier relación con lo ocurrido. La Guardia Civil encontró rastros de su chaqueta en el coche de la víctima y algunas otras pruebas que parecían comprometer su coartada, pero nunca consiguió probar de forma fehaciente su participación en el crimen. Para la familia de Sheila, todo resulta mucho más evidente. «Los restos tomados de sus manos tienen la misma composición que el casquillo hallado en el coche de Sheila y hay una partícula que es especial de detonación», contrapone su madre sobre unas pruebas realizadas tras la reapertura del caso en 2018 y que se valían de nuevos métodos para analizar las muestras recabadas en el momento del crimen. En ese nuevo informe remitido al juzgado, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se mostraban muy contundentes sobre sus hallazgos y dejaban la puerta abierta a que, finalmente, el caso llegase a juicio. «Estas pruebas tendrían que ser valoradas en un juicio porque, además, no hay ningún contrainforme que las desmonte. No tiene sentido. Resulta que ahora lo que se valora es lo que no hay, no las pruebas que tenemos. Esto sienta un precedente para el resto de asesinatos», insiste Fernández, con cierta desesperación por el proceder de los estamentos judiciales, para quienes, tal y como rezaba el documento que anunciaba el sobreseimiento, esas supuestas evidencias no son capaces de situar al investigado, «ni a ninguna otra persona», en el vehículo de la joven en la mañana del homicidio.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre la familia de Sheila, que recurrirá la decisión a fin de agotar sus opciones. Un recurso que, a diferencia de los anteriores, no contiene un ápice de optimismo. «Vamos a agotar todas las vías, pero viendo las declaraciones que se hicieron desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado mes de septiembre, creo que iremos por la misma línea. Ya entonces tenían claro lo que iban a hacer ahora», recrimina Fernández con una amargura a la que ni dieciséis años le han hecho inmune.

Los años pasan y las opciones se van poco a poco reduciendo a aprender a convivir con la duda, clavada como una bala de sal en la familia de la joven y el municipio de Degaña. Para ellos solo una imagen podrá apaciguar el dolor: la del asesino o la asesina de Sheila en el banquillo de los acusados.