La planta embotelladora de Quintana y Congosto recibe 650 alegaciones en contra

Este macroproyecto del grupo empresarial Pascual (Bezoya) ha encendido todas las alarmas de los vecinos del valle del Jamuz ante lo que supondría una «considerable reducción de los recursos hídricos de la zona y una intromisión en del derecho a la propiedad privada para los dueños de los terrenos afectados por la concesión».

La aceptación de esta solicitud por parte de la Dirección General de Minas viene refrendada por un «inquietante» informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que considera que una primera fase, de 500.000 m3/año, «es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales desde el inicio hasta el final de la concesión, de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro a la población de Quintanilla de Flórez», señalan desde Ecologistas en Acción.

Ante esta previsible afección al abastecimiento a poblaciones reconocida por el organismo de cuenca, responsable de la gestión del agua, el principio de precaución «exige realizar las comprobaciones necesarias que garanticen estos suministros preferentes antes de continuar con la tramitación, ya que en las actuales circunstancias el aprovechamiento no puede ser compatible con el Plan Hidrológico vigente», apuntan.

Otro de los «aspectos más preocupantes» del proyecto para ecologistas son los «exclusivos derechos que la concesión otorga al promotor sobre los terrenos afectados por la explotación (públicos, privados e incluso el núcleo urbano de Quintanilla de Flórez), al establecer un perímetro de protección de más de 2.000 hectáreas en el que no se podrán llevar a cabo actividades que perjudiquen el normal aprovechamiento de las aguas adjudicadas». Las restricciones y prohibiciones sobre estos terrenos constituyen una «clara intromisión en el derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de sus legítimos dueños», denuncia Ecologistas en Acción.