PACMA califica de «cachetada sin mano» la anulación de la Ley para cazar lobos al norte del Duero

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno ante varios artículos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. Según la sentencia, van en contra de la normativa básica sobre medio ambiente e invaden la competencia estatal. Fueron 4 los artículos anulados, en los que se hablaba, entre otras cosas, del periodo de caza mayor del lobo desde septiembre hasta febrero y los precios por matar a cada animal, cifrados en hasta 6.000 euros por cabeza.

Según la nota informativa del TC «tanto la Junta como las Cortes de Castilla y León, personadas en el recurso de inconstitucionalidad, reconocían la existencia de contradicción efectiva e insalvable de los preceptos impugnados con el régimen estatal de protección del lobo ibérico, e igualmente reconocían el carácter básico de la regulación del LESRPE en la Ley 42/2007 y en el Real Decreto 139/2011, pero aducían que carecía de naturaleza básica el artículo único de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, en cuya virtud se incorporaron al LESRPE las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero, y contra la que penden varios recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional».

Desde PACMA explican que tal campaña contra el lobo se debe a intereses privados de ganaderos y cazadores. Afirman que ambos colectivos sacan rédito económico del lobo; los cazadores por captura y los ganaderos por indemnizaciones ante ataques en terrenos abiertos o mal vallados. Este tema fue tratado recientemente en una intervención de la portavoz del partido, Yolanda Morales, en un programa de televisión de Cuatro.

«Los lobos son una especie terriblemente afectada por la ganadería, la caza y la expansión humana en general; han perdido casi todo el territorio por el que se extendían a lo largo de la península ibérica en los últimos 100 años y se ven obligados a atacar a los animales de las explotaciones ganaderas por escasez de recursos en lo que queda de su hábitat natural», manifiesta la formación política.

El Partido Animalista celebra la sentencia del Tribunal Constitucional que, consideran, marca un precedente y supone «una cachetada sin mano» a las administraciones autonómicas que «actúan atendiendo a intereses económicos y privados» y no por la conservación del medio natural y la biodiversidad. «Esperamos que sirva de ejemplo para que no se vuelva a legislar por libre».