Ocho de las compañías que fueron sancionadas por amañar contratos se hicieron con licitaciones en la Variante de Pajares

Las quince empresas multadas son Elecnor, Alstom, Siemens, Indra, Isolux, filiales de ACS (Cobra, CYMI, SEMI y Electren), otra filial de OHL (EYM), otra de Sacyr (Neopul) y una de Abengoa (Inabensa), Comsa, Telice, Eym y Citracc, compañías que acostumbran a trabajar para el Ministerio de Fomento, instalando catenarias y sistemas de electrificación en las líneas ferroviarias.

Ahora se conoce que ocho de las empresas sancionadas por Competencia se hicieron con contratos en la Variante de Pajares que une la provincia de León con el Principado de Asturias a través de la Meseta.

Se trata de Cobra, Elecnor, Siemens, Inabensa, Comsa, Indra, Alstom e Isolux. Las dos últimas están al cargo de la construcción y cuidado de la subestación eléctrica. El trabajo había salido a concurso por 32 millones y ambas firmas se hicieron con él tras rebajar esta cantidad un 46%.

Un año antes ya se habían llevado el contrato por la catenaria, presupuestado en 16,5 millones de euros y que las dos empresas redujeron en un 36,6%.

La situación se repite de manera muy similar con el resto de empresas sancionadas e implicadas en los trabajos de la Variante, que bajaron mucho los precios estimados de los contratos para poder hacerse con ellos. Así lo hicieron también Indra y Alstom, adjudicatarias del proyecto de protección civil, uno de los casos más extremos de la variante.

Se había licitado en 81,4 millones de euros, pero se firmó en un 63,4% menos. Telice, que asumió la subestación móvil de Lena, rebajó su labor un 45,8% y Cibra remodeló la electrificación de Pola de Lena por un 38,9% menos de lo estimado.

Más allá de las millonarias multas, es la primera vez que Competencia activa el procedimiento para que las empresas sancionadas tengan prohibido contratar con la Administración. El organismo ya ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, aunque se trata de un paso previo que solo se podría poner en marcha cuando la resolución fuera firme dentro de varios años.

Según la Ley de contratos del sector público, está prohibido contratar a entidades sancionadas con carácter firme por falseamiento de la competencia. No obstante, las compañías pueden recurrir por la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional. Después podrán ir al Tribunal Supremo, por lo que este proceso puede ser de varios años.