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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dicta sentencia y desestima íntegramente el recurso planteado por la Diputación de León frente a la sentencia que le obligaba a asumir la carretera que une Caín con Posada de Valdeón. El TSJ se pronunciaba este pasado 11 de noviembre y daba la razón a la sentencia del 18 de noviembre de 2022 del Juzgado contencioso número tres de León, por la que estimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón contra el rechazo del requerimiento del cambio de titularidad de la carretera que une Posada de Valdeón y Caín.
El Ayuntamiento de Posada de Valdeón había requerido en varias ocasiones a la Diputación que asumiese la titularidad de dicha carretera sin que la institución provincial se pronunciase, informando negativamente, pero incluso resolviendo otros expedientes como el de una carretera en el municipio de Cistierna en el que se daban unas circunstancias similares.
El TSJ en una contundente sentencia concluye: «Por consiguiente, adquiere pleno sentido la conclusión de la sentencia de instancia cuando afirma: la negativa, prolongada durante años, a dar respuesta a los requerimientos municipales, unida a la asunción de carreteras enteramente equiparables, sin justificación del diferente criterio seguido en uno y otro caso, convierten la actuación administrativa discrecional en arbitraria y por ello contraria al ordenamiento jurídico».
El Alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, valora positivamente la sentencia y confía en que la institución provincial «acate urgentemente la sentencia y no se plantee recurrir al Tribunal Supremo, pues los tribunales ya nos han dado la razón dos veces y no se entendería políticamente que rechazase asumir una infraestructura esencial no solo para los vecinos de este municipio, sino para todos los que quieren acceder a la Ruta del Cares, activo turístico de primer orden para la Provincia de León».
Dado que el invierno y las nevadas están próximas, el alcalde pide que «ejecuten ya la sentencia y procuren que ni Caín ni el resto de pueblos se queden aislados», al tiempo que insiste en que la montaña de León «necesita que la Diputación y la Junta de Castilla y León inviertan en infraestructuras esenciales para combatir la despoblación».
Por su parte, Carlos González-Antón, abogado del Ayuntamiento, resalta que, en este caso, de nuevo los Tribunales de Justicia reconocen la «ilegalidad de actuaciones claramente arbitrarias de las Administraciones cuando no ejercen adecuadamente sus competencias». «Este caso es también sangrante, como otros que hay en la provincia, pues lejos de cumplir con los principios de colaboración interadministrativa, algunos órganos no atienden a las peticiones de infraestructuras realizadas durante años», concluye.
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