Este 1 de junio había sido la fecha marcada en el calendario de los ganaderos de Mieres para subir al puerto de Pinos, actividad que un juzgado asturiano declaraba ilegal hace unos meses. Sin embargo, la negativa a aplicar medidas cautelares -hasta que la sentencia sea firme- por parte del juez mantiene latente el conflicto de intereses en los puertos de Pinos.
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A cada medida, una respuesta más tajante que la anterior. Así se mantiene la espiral de manifestaciones que están intercambiando Mieres y San Emiliano desde hace ya demasiado tiempo.
Esta semana, el Ayuntamiento babiano dio un paso al frente y decretó la paralización de la actividad ganadera de Mieres en su demarcación, así como la clausura de todas las instalaciones con efectos inmediatamente ejecutivos. Ocurrió días después de que otro auto diera la razón a León en el respeto de su demarcación.
La reacción asturiana no se ha hecho esperar. Según recoge El Comercio, el Ayunyamiento de Mieres acusa a San Emiliano de actuar «por la puerta de atrás» y de no acatar el auto judicial que negaba la cautelar.
«San Emiliano se declara en rebeldía», han llegado a expresar responsables del concejo mierense. «El decreto del alcalde es contrario al auto del juez de este mes de mayo, que rechazó la ejecución provisional de la sentencia y confirmó que los ganaderos pueden usar los terrenos del Puerto de Pinos, propiedad del Ayuntamiento de Mieres».
Una resolución no dice que puedan usar los terrenos y que sean propiedad de Mieres, si no que la medida a tomar no es urgente y puede esperar un año más, facilitando la llegada del ganado este año y hasta que la sentencia sea firme.
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Mieres critica a San Emiliano y considera su decreto «un hecho de enorme gravedad», por lo que amenazan con movilizarse y defender los intereses del municipio «hasta el final», explicó el concejal de Medio Rural, Luis Ángel Vázquez Maseda.
En Asturias han presentado al juzgado el decreto del consistorio leonés y solicitan que se tomen las medidas oportunas. Además, se ha dado información de lo sucedido a la Consejería de Medio Rural y a la Delegación del Gobierno en Asturias -mientras Castilla y León se pone de perfil- para que garanticen el cumplimiento de la cautelar.
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«Algunos parecen empeñados en alimentar el conflicto irresponsablemente y es un error», sentencian.
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