Una sentencia judicial de 2010 obligará a una familia a exhumar a sus familiares este mismo miércoles en el pueblo de Abadengo de Torío, en el Ayuntamiento de Garrafe de Torío. Junto a ellos también tendrá que desenterrarse el osario con los restos de personas ... enterradas en el camposanto del pueblo desde el siglo XIX, que aseguran reposan en ese mimso terreno.
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El litigio se inició con la construcción de un nuevo cementerio en la localidad, ejecutado por la junta vecinal que presidía el pueblo hace una década. La parcela utilizada no era terreno público y fue heredada por otra familia que inició los trámites para recuperar este terreno.
Con la autorización de la junta vecinal se llegó a levantar hasta una pared de nichos, adaptados a la última normativa y en el que reposan dos cuerpos: el de Martín y el de Araceli, una pareja del pueblo y del que, además, el varón fue quien se encargó con sus propias manos de levantar el cementerio.
Sus familiares rechazan la exhumación que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Garrafe de Torío y recuerdan que antes esa parcela «era un tapial antiguo y una cuadra medio derruida» que se tomó para ejecutar una reforma y construir el camposanto. «Ahora el juez dice que hay que dejarlo como estaba. Van a tirar todo, nichos y todo, que valen un pastón».
Ante la sentencia judicial, la familia de Martín y Araceli pidieron «tiempo» al ayuntamiento mientras se construía un nuevo cementerio y ejecutar entonces el traslado de los difuntos. Pero los plazos se han ido apurando y la propietaria ha acelerado el litigio para lograr una resolución a finales de 2020 que se debe cumplir ahora. «En noviembre no pudimos ni venir a poner flores por Los Santos porque lo trancaron», denuncian los familires, quienes aseguran que bajo ese terreno existen «ciento y pico o doscientas personas enterradas más» en un osario que fue trasladado desde el antiguo cementerio, datado en el siglo XIX.
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Todo está previsto para que este miércoles, a las 9:00 horas, un representante judicial, la Guardia Civil y un sacerdote acompañen a una empresa funeraria para levantar los cuerpos y ejecutar la exhumación.
Desde el Ayuntamiento de Garrafe, a quien la familia culpa de no haber hecho demasiado por mediar en esta situación, se defiende su actuación siguiendo una sentencia judicial. «La sentencia dice que hay que sacar a esas dos personas de ahí. Se han pedido permisos a la Junta y, como han pasado cinco años, no hace falta que nos autoricen», asegura el alcalde Jesús Álvarez, quien ha informado a la familia de la situación y del traslado de los restos al cementerio de Palacio de Torío hasta que exista un nuevo terreno para un camposanto en la localidad de Abadengo.
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