La Junta trabaja para dotarse de la «mayor» seguridad jurídica para continuar con los controles de la población del lobo

Con motivo de la presentación del balance del reciclaje de los residuos de medicamentos y envases a través del sistema Sigre, que cumple 20 años, Suárez-Quiñones reconoció que las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León tratan de realizar controles pero se han encontrado «numerosos» problemas en los tribunales por la falta de seguridad jurídica de la norma aprobada por el Gobierno de España. «Hemos asistido a distintos avatares judiciales, especialmente en Cantabria y Asturias, por lo que valoramos todas las opciones para poner en marcha estos controles», subrayó.

Además, precisó que la Audiencia Nacional ha dictado un auto que ha denegado la petición de suspensión cautelar de ese «pequeño hueco» que deja al control la orden ministerial, tras la reclamación de una organización conservacionista.

El consejero recordó que la orden ministerial de septiembre de 2021, que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), impide la gestión del control del lobo al norte del río Duero, tal y como ocurría hasta entonces en las comunidades del norte del país. No en vano, el lobo pasó a tener el mismo régimen que en el sur del Duero, pese a que no lo exige la Unión Europea.

Añadió que esa norma del Gobierno de España establece un sistema de control excepcional que hace imposible llevarlo a cabo. «Antes, se hacían de manera dificultosa en el sur, gracias el régimen anterior pero, ahora, en el norte, son prácticamente imposibles de llevar a cabo», precisó.

Juan Carlos Suárez-Quiñones reiteró que Europa camina en el sentido contrario al Ejecutivo central, tras la resolución del Europarlamento hace unas semanas, en las que solicitaba a la Comisión Europea que tuviera en cuenta con los grandes carnívoros, no solo el lobo sino también el oso en otros países, que debía llevar a cambiar la normativa europea para que fuera más flexible. «Una normativa que en España se ha cambiado a peor», aseveró.

También citó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía el problema del lobo y su coexistencia con la ganadería, incluso con riesgo para las personas y los territorios, por lo que daba órdenes para investigar qué tipo de modificaciones se podían adoptar en la normativa europea. «Esto daba un balón de oxígeno enorme a las posiciones de las comunidades del noroeste de España», declaró.

Por último, cargó contra el Gobierno de España por que en un camino diferente al de la Unión Europa. «Tendrán que hacérselo mirar por que, debido a un interés de una entidad conservacionista, se pone en juego y el peligro los intereses de la ganadería extensiva, que es la población de la población de nuestro rural», espetó, sin olvidar que no ha pagado a la Junta 8,8 millones de euros para medidas preventivas y compensaciones a los ganaderos. «El panorama es de una absoluta irregularidad e irresponsabilidad política así como un ataque más, de los muchos, del Gobierno de España a nuestro medio rural», concluyó.