La Junta de Castilla y León rechaza la estrategia nacional del lobo, aprobada este jueves

Durante su participación por videcofonferencia, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que la estrategia aprobada este jueves parte de «graves carencias de base», como la falta de un censo nacional previo actualizado o una evaluación de la estrategia anterior.

Además contiene en un Anexo criterios para el control de oficio de la especie por las Administraciones, inclusión en este instrumento de planificación que «suscita dudas en derecho y no da seguridad jurídica suficiente en las decisiones de control».

Por otro lado, el consejero ha mostrado su oposición a que los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para su transferencia a las comunidades autónomas para subvencionar medidas preventivas y compensar daño se incluyeran en la Estrategia y se vincularan a ésta, lo que «es inédito en el reparto de fondos estatales para financiar actuaciones competencia de las comunidades».

Las comunidades autónomas de Castilla y León junto con Galicia y Cantabria, además de Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta, han votado en contra de la Estrategia de gestión del lobo, que ha salido adelante con los votos favorables de las comunidades gobernadas o cogobernadas por el PSOE, mientras que Navarra y País Vasco se abstuvieron en la votación.

Suárez-Quiñones ha incidido en que Castilla y León «no puede votar a favor de un documento que va en contra de la población rural de la Comunidad», específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva, y que, además, «no aporta la seguridad jurídica suficiente para la gestión de la especie».

Además, considera que «está en contradicción» con la posición de la Junta en el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del LOBO en el LESPRE, recurrida ante la Audiencia Nacional, que impide su caza al norte del río Duero.

El consejero también ha lamentado la «falta de consenso» y la «unilateralidad» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El consejero ha ofrecido a la vicepresidenta «seguir trabajando para acercas posturas y buscar una aprobación de la Estrategia por todas las comunidades autónomas», como «siempre se ha hecho en la historia de la democracia española para la gestión de las especies silvestres y como se hace en la aprobación de la inmensa mayoría de las estrategias», lo que fue rechazado, ha lamentado.

En lo que respecta al protocolo de control del lobo, Castilla y León insiste en que «debe tener sustento en una norma de carácter jurídico y nunca configurarse como un anexo de un documento estratégico y de planificación, tal y como sucede en este momento».

En el caso de los criterios de reparto de los fondos estatales, la Junta de Castilla y León considera que la estrategia «no es la herramienta adecuada para recogerlos», puesto que «cualquier cambio que se pueda producir supondría una modificación de todo el documento».

«En la práctica la estrategia aprobada no va a servir para dar respuesta a la conservación y gestión del lobo, sobre todo porque no garantiza los criterios jurídicos a las comunidades autónomas para el control de la especie, con el fin de evitar más daños a la cabaña ganadera del medio rural de Castilla y León», ha concluido el consejero.