La Junta asegura que la administración que debe cumplir la sentencia es Mieres

El consejero de Economía y Hacienda y Portavoz de la Junta, Alfonso Fernández Carriedo, se felicitó por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento de Mieres en el conflicto del Puerto de Pinos, y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, matizó que los afectados deberán ahora exigir el cumplimiento de una condena que no es contra la Junta y sí contra el Ayuntamiento de esta localidad asturiana.

Desde el Ayuntamiento de San Emiliano se anunció la próxima celebración de un pleno extraordinario, al que acudirán las juntas vecinales, para exigir una reunión con el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de que dé una solución a este conflicto.

Este pleno se celebrará después de la sentencia emitida por el TSJA, en la que se desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Mieres, asociaciones ganaderas y particulares ante la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso número 1 de Oviedo, que declaró ilegal el desarrollo de las competencias ganaderas de éstos dentro de la provincia de León y, concretamente, en la comarca de Babia.

Para el abogado y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, Carlos González-Antón, este fallo «supone un punto de inflexión» al declarar que «un Ayuntamiento asturiano no puede prestar competencias a sus ganaderos dentro de Castilla y León», al tiempo que «refleja que la Junta y sus órganos competentes en la materia no están ejerciendo la defensa de sus competencias, ni de la ganadería y las entidades locales».

Así, instó al Gobierno autonómico a «cumplir lo que prometió en 2006» y «aprobar un proyecto regional que incorpore la capacidad de expropiar estos terrenos para eliminar la presencia de Mieres en el Puerto de Pinos». En caso de que el Gobierno autonómico «no ejercite sus competencias a corto plazo», González-Antón advirtió que «se ejercerán acciones judiciales», que podrían conllevar, por ejemplo, «un delito de prevaricación por omisión».

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