La Junta afirma que, junto a Asturias, Galicia y Cantabria, acudirán a los tribunales si no se retira la prohibición de la caza del lobo

A esta postura han llegado en una reunión por videoconferencia celebrada en la tarde de este viernes para analizar el resultado de dicha comisión estatal, «tanto por la forma indebida en que se celebró la misma, como por las consecuencias tan perjudiciales para la Comunidad, acordando las acciones a seguir», según informan fuentes de la Junta de Castilla y León.

«La iniciativa que el Ministerio persigue supone una invasión de competencias exclusivas de la Comunidad, impide la gestión de la conservación y control población del lobo, y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario», aseguran.

La postura que defiende el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va, según el ejecutivo autonómico, «en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo Ministerio con el consenso de todas las Comunidades en unos tiempos en los que la especie era muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones de las comunidades autónomas».

Los representantes de las cuatro comunidades autónomas del noroeste de España piden a la ministra Teresa Ribera que «abandone la política de imposición» y que se siente con ellos para abordar este problemática «desde el diálogo, algo que llevamos reclamando desde hace meses sin resultado alguno, con el fin de evitar el grave perjuicio al medio rural que supondría que el Ministerio decidiese sacar adelante esta propuesta».

En caso contrario, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia acudirán a los tribunales de Justicia ejercitando las acciones judiciales de todo tipo que procedan con la intención de frenar esta iniciativa. «Está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero», añaden.

Los servicios jurídicos de las cuatro autonomías estudiarán el caso pero, a primera vista, aseguran que «se aprecian múltiples irregularidades en el procedimiento, entre ellas el hecho de que no se facilitara en la comisión estatal de este jueves participar y votar a la Ciudad Autónoma de Ceuta, que fue determinante, teniendo en cuenta que el resultado de la votación fue de nueve votos a favor, incluido el voto del Ministerio y ocho comunidades, y otras ocho comunidades –entre ellas estas cuatro que albergan el 95 % de población de lobos de España- en contra de la propuesta de prohibir el control cinegético al norte del Duero al incluir el lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial».