Izquierda Unida se concentra ante la Diputación, antes del pleno, para exigir un parque comarcal de bomberos 100% público

En la propia Memoria que presenta el PP reconoce la clara la responsabilidad que tiene la Diputación de prestar este servicio, pero en ella introduce la fórmula de gestión privada del servicio: “la Diputación en todo caso siempre asumirá el papel de titular y garante de la prestación del servicio con calidad, con una selección de operadores privados mediante un procedimiento que asegure la concurrencia efectiva y publica de empresas”.

El servicio no solo es imprescindible, sino que es una obligación legislada. No hay discusión sobre esto. Pero, explica la Coordinadora de Izquierda Unida, “hay que escuchar a los propios profesionales que recuerdan que salvan vidas, y no están para generar beneficios empresariales. El bombero ha de estar al servicio de la ciudadanía con un único objetivo de salvaguardar su integridad física y sus bienes, por el cual están dispuestos a arriesgar sus vidas, pero nunca puede estar entre sus cometidos el generar beneficios a una empresa privada.”

“Y que no se escuden en que no se puede contratar personal funcionario, porque no es verdad. La Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla una excepción en el caso del personal de extinción de incendios, permitiendo a las administraciones una tasa de reposición del 100%”, continúa Flecha. “Es más, en la mayoría de comunidades las leyes de emergencias prohíben expresamente privatizar con cláusulas que garantizan que el sistema de gestión ha de ser público”.

En este sentido el Diputado de Izquierda Unida, Miguel Flecha, presentó el viernes 7 de julio una enmienda a la Memoria, para su votación en pleno, pidiendo que este servicio sea de gestión pública.

“Los únicos parques de bomberos con gestión privada, que son una excepción en el panorama nacional, se encuentran a la cola de la eficacia, mientras que los servicios públicos de Madrid, Valencia, País Vasco o Cataluña son un ejemplo. Aparte de Salamanca, la única administración que ha privatizado el servicio de extinción de incendios ha sido la gallega con el gobierno de Fraga y ya la administración provincial coruñesa, se está planteando la reversión al ámbito público, y Pontevedra y Lugo podrían seguir el mismo camino”, añade la Coordinadora de Izquierda Unida, Eloina Terrón.

Además, “hay que tener en cuenta –comenta Terrón- el beneficio de explotación de la empresa privada y el IVA, con lo que tampoco cuadran los argumentos económicos de que sea una gestión más barata. La gestión privada es más cara, porque se destinan recursos al lucro de una empresa en vez de dedicarlos a la mejora del servicio”.

De hecho, los estudios realizados hasta el momento indican que son mucho más caros los servicios de extinción de incendios privados. La prueba la tenemos en Villares de la Reina (Salamanca), único parque de bomberos de “gestión indirecta” en la Comunidad, que al año recibe una subvención de 1.333.000 euros, corriendo la Diputación de Salamanca con los gastos generales del parque. Su parque gemelo, Tordesillas, que es público, sale con todos los gastos por 850.000 euros.

“No obstante, el criterio económico tampoco podría ser la razón para privatizarlo. Porque estamos hablando no solo de apagar fuegos, sino de dar un servicio relacionado directamente con la seguridad de la vida de personas humanas y del entorno ecológico, porque sus acciones también incluyen actividades de rescate, tanto en el caso de accidentes de tráfico, como de catástrofes y otro tipo de desgracias. Un servicio público al que sus profesionales han accedido a través de oposición es una garantía, en este sentido”, sentencia Eloina Terrón.

Por eso, para Izquierda Unida la posición es clara: Sí rotundo a que haya una red de parques de bomberos suficiente y que dé respuesta no solo a la extinción, sino también a la prevención de incendios, durante todo el año, pero siempre de gestión pública. “La administración pública es la que más experiencia y profundo conocimiento tiene de la gestión de este servicio. Es más económico, no interviene la obtención de ningún beneficio económico, pues el único objetivo es la prestación de un servicio de calidad. Las afirmaciones que se hacen en memoria aduciendo que las empresas aportaran conocimiento práctico derivado de experiencia previa es falsa pues en todas las provincias del territorio nacional, excepto Galicia, la gestión es pública” explica Terrón.

Para Izquierda Unida la solución definitiva pasa por una legislación y una gestión desde el ámbito autonómico, aunque lo suyo sería nacional. No solo la Diputación, sino la Junta de Castilla y León es la que tendría que encargarse de que todos los servicios de bomberos de la comunidad fueran públicos y de gestión pública, con los mismos requisitos para entrar y la misma formación, estableciendo también ella los efectivos mínimos de cada parque y de cada servicio. Solo lo ha hecho en lo concerniente a los bomberos forestales, aunque solo les contrata directamente por periodos que en muchos casos no llegan a los seis meses, lo cual además supone un derroche de recursos, al tener un material infrautilizado durante una buena parte del año y donde queda absolutamente abandonada la prevención, a pesar de que el incendio que menos víctimas y daños ocasiona es el que no se produce porque se ha prevenido.

“Realmente es voluntad política el tipo o modelo de gestión que se decide para el servicio. Por lo que pido al presidente de la Diputación, Majo, a todo el partido popular y al resto de los grupos políticos de la Diputación que hagan un ejercicio de reflexión y piensen para quién y al servicio de quién están legislando cuando se tome esta decisión crucial el lunes en el Pleno de la Diputación: si para la ciudadanía o para el beneficio de determinadas empresas. Esperamos que la razón y la lógica del servicio a la provincia impere en la decisión que se ha de tomar y haya unanimidad en el Pleno de la Diputación de todos los grupos políticos para votar a favor de la moción que presenta el Diputado de IU, Miguel Flecha, acordando que la gestión del servicio de prevención y extinción de incendios sea 100% pública”, concluye la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida, Eloina Terrón.