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Comienza este martes la temporada de pastos en el Puerto Pinos, el enclave propiedad del Ayuntamiento de Mieres en la provincia de León.
Está previsto que acudan a este territorio un total 1.500 cabezas de vacuno, de manera escalonada, para la campaña de verano, que se alargará hasta los próximos meses de octubre y noviembre. Y será a partir del otoño cuando dé comienzo el pasto para la ganadería caballar.
Se trata de una de las campañas más conflictivas entre los ganaderos de la provincia de León y los mierenses a causa de los derechos de uso de esta superficie. Al respecto, el edil responsable de área en el Ayuntamiento del Caudal, Luis Ángel Vázquez Maseda, defendía ayer el derecho a utilizar «una propiedad privada, ya que el Consistorio es el dueño de ese territorio».
Mientras los ganaderos leoneses han tachado este martes de «invasión» la llegada de los animales al mismo tiempo que se ha advertido de que se tomarán «las medidas necesarias para frenar esta absoluta ilegalidad».
El concejal admite que el Ayuntamiento asturiano carece de competencias administrativas en el enclave. «Pero no se puede poner en duda el principio básico de la propiedad privada, recogido en la Constitución española», añadía. Las espadas se encuentran en lo más alto desde que, a mediados del pasado mes, una cuadrilla de Mieres quisiera controlar -junto con el guarda contratado por el Ayuntamiento- el ganado que estaba pastando en «nuestra propiedad». Desde Mieres se quiso implementar un periodo para la regeneración de pastos «por el bien de todos».
La chispa del último roce se desató cuando una treintena de ganaderos acompañaban al guarda del concejo para hacer un control del ganado que estaba pastando.
Aseguró que el consistorio asturiano actuó para la preservación y regeneración de los pastos de la zona, «para que todos los ganaderos puedan usarlo», tanto los de Mieres como a quienes se otorgó derechos en la compra del puerto. Esto es, para los ganaderos de cuatro parroquias leonesas: Villargusán, Pinos, San Emiliano y Candemula. «Es lo que se contempla en las escrituras de compra de 1926; o queremos negarlos, al contrario, pero nos encontramos con dificultades, como que aparecen animales que no son de esos pueblos», añadía el edil. Por eso, se quiso hacer ese control con autorización de la Subdelegación del Gobierno. «Ellos fueron reacios a hacerlo».
Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, manifestaba que los servicios jurídicos de su Gobierno se encuentran estudiando la vía expropiatoria como forma de salida al conflicto abierto entre los ganaderos de la comarca leonesa de Babia, si bien recordó que «el derecho a la propiedad está reconocido constitucionalmente».
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