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Una denuncia formulada por un grupo de vecinos de Robledo de Caldas y a la que se ha adherido la Fiscalía ha provocado la imputación como investigados a tres representantes de la junta vecinal de Robledo de Caldas. Entre ellos, el alcalde de ... Sena de Luna, José Celestino García Suarez, según la documentación a la que ha tenido acceso leonoticias.
Los hechos se remontan a noviembre de 2019 cuando mediante un documento privado el propio José Celestino García Suárez, en representación de la junta vecinal de Robledo de Caldas y titular del coto de caza de la localidad, y por acuerdo de la mayoría de la junta vecinal de Robledo de Caldas, renunciaba a la titularidad del coto por voluntad propia.
En ese mismo documento Juan José González Gutiérrez en representación del club deportivo de caza 'El Negrón' solicitaba la titularidad del coto privado a la que había renunciado la junta vecinal.
Se da la paradoja que los mismos representantes que decidieron la cesión del coto privado de caza de Robledo de Caldas son, en su mayoría, los componentes de la directiva del club deportivo de caza «El Negrón»; es decir, el presidente de la junta vecinal de Robledo de Caldas y alcalde de Sena de Luna José Celestino García Suárez es además el secretario de club deportivo, el secretario de la junta vecinal de Robledo de Caldas, Juan José González Gutiérrez, es el presidente del de club deportivo y el vocal de la junta vecinal de Robledo de Caldas, Jesús González Suárez, es a su vez el tesorero del club deportivo de caza 'El Negrón'. De este modo tres de los cuatro componentes de la junta vecinal de Robledo de Caldas son tres de los cuatro componentes de la junta directiva del club deportivo de caza 'El Negrón'.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.
Teniendo en cuenta estos hechos el alcalde y los componentes de la junta vecinal, presuntamente, estarían incumpliendo el artículo 76 de la ley de bases de régimen local.
«Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido», cita textualmente.
Además de los hechos citados, y según consta en la denuncia formulada por los vecinos y a la que se ha unido la Fiscalía, los representantes de la junta vecinal habrían cedido durante 40 años los derechos del coto de caza a 'coste 0'.
Un extremo que que niega el actual presidente de la junta vecinal afirmando que dicho club deportivo aportará a la arcas de junta vecinal en torno a 5.446 euros anuales, algo que según los vecinos «es una cantidad irrisoria, ya que por los terrenos del Puerto Cubil que son menos de la mitad de terreno, su salida a subasta fue de 4.500 euros y se adjudicó por más o menos el triple».
Otros de los hechos denunciados es que la propia junta vecinal habría solicitado el cambio de titularidad del coto de caza en favor el club deportivo aportando la cesión de los derechos cinegéticos de las fincas propiedad de un gran número de vecinos, un extremo que llevó a 41 vecinos de 58 a recurrir ante la Junta de Castilla y León ya que ellos en ningún momento habían cedido los derechos cinegéticos de sus fincas. En la misma denuncia se señala que en la cesión de los derechos cinegéticos se incluían personas que llevaban años fallecidas.
Ante esta denuncia la titular del juzgado de instrucción nº4 de León ha abierto diligencias previas y ha tomado declaración en calidad de investigados a los tres componentes de la junta vecinal de Robledo de Caldas el pasado mes de octubre siguiendo el procedimiento en instrucción.
Así mismo el propio alcalde ha afirmado a este medio que mientras no haya una resolución condenatoria no tiene planteado «dimitir de los cargos».
Por otro lado, afirma que cree que los propietarios del Puerto de Cubil han provocado un daño al coto apropiándose de 400 hectáreas de monte público, un hecho que está denunciado ante el juzgado.
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