Las 53 horas en las que la Guardia Civil trabajó para desvelar la trama de Villa y Postigo

A principios de 2013 la Fiscalía Anticorrupción puso en marcha la investigación que continúa abierta cinco años después pendiente de posibles testificales y nuevas pruebas documentales. Acumula ya 179.000 folios, 16 investigados, cuatro detenidos, casi una veintena de testigos, registros en viviendas y oficinas en Valladolid, Murcia, Oviedo y Pola de Lena, siete coches incautados y muchas horas de declaraciones ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los fiscales anticorrupción y la jueza de instrucción número 3 de Oviedo. También muchas horas de trabajo. Desde que detuvieron a Postigo, al exasesor fiscal del Montepío José Manuel Fernández, al constructor Juan Antonio Fernández, y al arquitecto Manuel Sastre hasta que fueron trasladados hasta los juzgados transcurrieron 53 horas. ¿Cómo se desarrolló la operación policial? Arranca el martes 30 de mayo, a las 8:15 de la mañana. La Guardia Civil emite tres informes -el estado patrimonial de Villa, de Postigo y sus familias, y el estudio del proyecto de la residencia de mayores de Felechosa-. En ellos apuntan ya a la existencia de indicios y pruebas racionales de criminalidad constitutivos de delitos. Pese a que la investigación considera clave la figura de José Ángel Fernández Villa en estas 53 horas nunca fue detenido. ¿La razón? «Motivos de estricta humanidad», apuntó el fiscal Ignacio Stampa. Antes de proceder a bloqueos de cuentas, a realizar registros y requerimientos, la UCO solicitó los permisos: fue el 24 de mayo. El juez concedió la orden para los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. Comienza así la parte visible de la operación Hulla con tres escenarios: Asturias, Murcia y Valladolid.

Los agentes encargados del operativo tenían órdenes muy claras. A primera hora del martes 30 de mayo comenzaron las detenciones. Cada quince minutos, un arresto. El primero a las 8:20 de la mañana con el constructor Juan Antonio Fernández en Pola de Lena; le siguieron el del exasesor fiscal del Montepío de la Minería en Oviedo, José Manuel Fernández; el del arquitecto Manuel Sastre a las 08.55 horas en Pola de Lena, y el del expresidente del Montepío, José Antonio Postigo a las 9:10 de la mañana en Torre-Pacheco (Murcia). Les informaron de sus derechos y eligieron letrado. Juan Antonio Fernández y Manuel Sastre cambiaron sobre la marcha sobre el designado. Prefirieron, por este orden, a Miguel Valdés-Hevia y a Javier Díaz Dapena. Tras este primer trámite, salvo José Manuel Fernández que declinó que le acompañara su abogado, el resto de letrados acompañaron a sus defendidos en todos los registros. También a Villa que, por indicaciones de su letrada, Ana García Boto, no firmó la orden de registro por motivos de salud.

12 registros en viviendas, naves, oficinas y un bar

Mientras cinco unidades de la Guardia Civil rebuscaban hasta entre los colchones cualquier documento o prueba, los agentes recibían respuesta a una de sus consultas: ningún detenido tenía antecedentes policiales. Los registros llegaron a alargarse durante cinco o seis horas. Como en el domicilio del exlíder del SOMA donde, además de amplia documentación, localizaron una caja roja en la habitación matrimonial cerrada con llave que contenía 28.000 euros en fajos de 50 euros. Salvo en los registros en las fincas de Mayorga (Valladolid) en la que Postigo y Juan Antonio Fernández delegaron en sus padres, en el resto los detenidos estuvieron presentes. Los agentes efectuaron una docena de registros (tres viviendas, naves, varias oficinas, y el bar La Cava de Pola de Lena, donde sitúan el lugar de encuentro para pagar las supuestas comisiones). Mientras registraban las casas, los agentes ampliaron los mandamientos judiciales para solicitar la entrada en la oficina del exasesor fiscal. También realizaron un exhorto judicial al juzgado de instrucción de Madrid para reclamar copia de los datos de los correos corporativos del Instituto para la Reestructuración del Carbón (IRMC), concretamente del gerente Carlos Fernández y del jefe de unidad de Infraestructuras, Manuel Gómez Cano. Ese mismo día, el martes 30 de mayo, a las 10.00 horas precintaron la caja de seguridad de José Manuel Fernández en el banco Santander donde hasta la regularización, estarían guardados los 1,6 millones.

Primera noche en el calabozo y día de médicos

Cuando finalizaron los registros, los cuatro detenidos fueron trasladados hasta el cuartel de la Guardia Civil de Oviedo. Salvo José Antonio Postigo, que viajó desde Murcia y no llegó hasta el día siguiente, el miércoles 31 de mayo a las 16.10 horas. El expresidente llegó en un vehículo oficial habilitado para conducir presos y detenidos. El 30 de mayo salió de Murcia, viajó hasta Madrid donde pasó la noche y desde ahí hasta Asturias. Para el resto fue su primera noche en los calabozos de Oviedo. Antes de acostarse, José Manuel Fernández y Manuel Sastre tuvieron que ser atendidos por médicos en los centros de salud de La Lila y Colloto. El exasesor a las 19.50 horas por problemas de insomnio, y Sastre a las 22.45 horas por una herida en la espalda que sufría desde hacía ya ocho días. Postigo fue atendido por el médico apenas una hora después de su entrada en el cuartel de Oviedo, a las 17:05 horas. Ese día comenzaron las declaraciones ante los agentes. Es miércoles 31 de mayo. El arquitecto fue el primero, a las 17:55 horas; le siguió a las 18:35 el constructor; a las 19:40 horas fue el turno de José Manuel Fernández y cerró las declaraciones once minutos después el expresidente del Montepío. Antes de que declararan los principales investigados, ya lo habían hecho hasta ocho testigos, entre ellos el exconsejero de Industria Graciano Torre. El miércoles a las 20:35 horas, los siete vehículos incautados fueron traslados desde el cuartel hasta la feria Ifema de Madrid. Para sus propietarios era su segunda noche en calabozos.

El entorno familiar de Villa y Postigo, en el cuartel

A la par de los registros y detenciones, otras unidades de la Guardia Civil apuraban el tiempo para entregar entre el martes y el miércoles 16 mandamientos judiciales a sociedades y empresarios. José Ángel Fernández Villa estaba citado el mismo miércoles para declarar como el resto de investigados, pero el juzgado decidió retrasarlo un día a la espera del resultado del examen forense sobre su estado de salud. Sí declararon en la Guardia Civil su mujer y sus dos hijos. Fue justo el día anterior, el 30 de mayo, tras el registro en su vivienda y en el trastero. María Jesús Iglesias lo hizo a las 19.15 horas, su hija Ángel Fernández quince minutos después, y a los diez minutos su hijo, Rolando Fernández. Al día siguiente, abrió el turno de declaraciones en la Guardia Civil de los investigados no detenidos, una de las hijas de Postigo, Patricia Postigo a las 9:15 horas. Continuó el director de la ejecución de la obra, Vicente Fernández que estaba citado a las 9:20 horas. Quince minutos después la exmujer de Postigo, María Elena Pérez Veiga, que lo hizo casi al mismo tiempo que el asesor financiero Rafael Virgós y la segunda hija de Postigo, María Elena Postigo. La actual pareja del expresidente del Montepío, Dorina Bicher declaraba en Murcia. Su socia en la empresa Todo Limpio y Brillante con la que Postigo y Bicher blanquearon dinero no testificó. Está en paradero desconocido.

Nueve horas ante los fiscales y la jueza

Tras pasar su segunda noche en calabozos, 1 de enero, fueron trasladados en furgón blindado hasta los juzgados. A las cinco y media de la tarde comenzaron las declaraciones ante los Fiscales Anticorrupción y la jueza. Cerca de las dos de la mañana del 2 de junio, abandonaban los juzgados por su propio pie y acompañados de sus abogados. Quedaron en libertad con cargos. Villa se acogió a su derecho a no declarar. Esta misma semana, la jueza tumba la petición de nulidad de su declaración presentada por su letrada.