Los gatos callejeros proliferan en Valderrueda que exige «fondos» para su control

Esta situación se ha trasladado por parte del alcalde de Valderrueda y diputado popular Esteban González al Procurador del Común en un escrito registrado esta semana, en el que solicita que «revise la normativa y emita a los organismos que consideren las recomendaciones necesarias para buscar una solución a un problema que afecta a los municipios más pequeños». En el caso de Valderrueda, los pueblso más afectados son Puente Almuhey y Villacorta.

Esta propuesta surge a raíz, tal y como recoge el escrito, de que, tras el fallecimiento de un vecino del municipio que tenía una gran cantidad de gatos a los que alimentaba habitualmente, los animales terminaron siendo callejeros y convirtiéndose «más que en una colonia, en un gran problema» del que se desconoce la magnitud exacta.

La Ley 7/2003 de protección de los derechos y el bienestar de los animales «está diseñada», según plantean desde el Ayuntamiento de Valderrueda, «para los ayuntamientos grandes que disponen de recursos» mientras que los municipios más pequeños cuenta a su entender «con muchos menos recursos pero las obligaciones de gestión y control de la población son igual para todos».

Esta normativa exige «no sólo la captura y esterilización quirúrgica» de los gatos, sino también la «identificación, control sanitario y atención a individuos enfermos, la alimentación, la gestión de zonas, desinfección y limpieza del entorno, la gestión de un programa de adopciones», entre otras cosas.

El Ayuntamiento de Valderrueda, tal y como recoge el escrito, considera «absolutamente inasumible» para un pequeño municipio «con importantes carencias en muchos aspectos y elevadas necesidades de los vecinos» que, son, apuntan, «nuestra mayor prioridad».

Por ello, reclama al Gobierno de España «adaptar» la normativa a los pequeños pueblos del mundo rural «o aportar medios» para garantizar su cumplimiento. Otra posible solución que plantea Esteban González en su petición al Procurador del Común es que la Diputación promueva «programas y convenios» como el que ya dispone para perros abandonados con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos «en la gestión y resolución» de este problema.