La Fiscalía imputa al jefe de Conservación de Carreteras por la muerte de dos operarios en un alud en San Isidro

La Fiscalía responsabiliza al entonces jefe del servicio de Conservación de Carreteras del Principado del accidente en el que murieron dos operarios en un alud en San Isidro el 1 de enero de 2021. En una entrevista en TPA Noticias Matinal, el fiscal delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enrique Valdés-Solís, señaló que, desde su punto de vista, hubo una falta de organización del trabajo y que no se tuvo en cuenta el riesgo «evidente» de aludes.

El trágico accidente tuvo lugar el 1 enero del año 2021, cuando dos operarios del servicio regional de Carreteras, César Fernández y Virgilio García, fallecieron sepultados por la nieve cuando trabajaban en la carretera de San Isidro. Se encontraban fuera de la máquina quitanieves, retirando de forma manual los restos atascados en la chimenea de la misma, cuando un enorme alud les arrastró a ellos y a la máquina.

César, vecino de Mieres de 53 años, llevaba unos pocos días en el puesto y antes había conducido para el ERA y Virgilio, ovetense de 61, acumulaba una experiencia de quince años. Su cuerpo pudo ser localizado, después el 30 de enero, después de un amplio despliegue.

La Fiscalía responsabiliza de este accidente al entonces jefe del servicio de Conservación de Carreteras del Principado dado que considera que no tuvo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, tal como publica El Comercio.

En su escrito de acusación, la Fiscalía cuestiona que a pesar de los constantes aludes en el puerto de San Isidro, las medidas instaladas estaban mal conservadas y algunas eran inexistentes.

Se refirió también la ausencia de protocolos antialudes, la carencia de equipos de salvamento para los operarios y la falta de coordinación entre Asturias y Castilla y León a la hora de avisar, en las dos comunidades, de que el puerto está cerrado.

Por ello imputa al que fuera responsable de Carreteras del Principado dos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra la seguridad de los trabajadores.

La Consejería de Fomento, por su parte, señaló que se trata de un proceso judicial en marcha y expresó su «máximo respeto al mismo».

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