La falta de licencia del bar de Pedrún: enfrentamiento vecinal y sanción de 90.000 euros

El bar o teleclub de Pedrún del Torío volvió a abrir sus puertas en febrero de 2024. Una decisión de su responsable, Nerea González, quien decidió apostar por un nuevo negocio que daría vida al pueblo. Tras cerrar con la Junta Vecinal un contrato de alquiler del establecimiento, la propietaria comenzó con su actividad hostelera la cual, hasta el momento, no había tenido ningún problema.

En las últimas semanas, llegó la «sorpresa». Según ha querido declarar la responsable del establecimiento a este medio, la Guardia Civil del puesto de Matallana de Torío acudió al establecimiento el pasado 23 de julio pidiendo la documentación necesaria para verificar que el local tenía todo en orden para poder seguir abierto.

Tras no obtener los papeles necesarios avisaron de que debían informar a la Junta de CyL de la «inexistencia» de licencia para desarrollar la actividad. «Nosotros no teníamos esa documentación, porque desde la Junta Vecinal nos aseguraron que estaba todo en orden», indica González. Algo que, Fulgencio Bandera, presidente de la Junta Vecinal de Pedrún de Torío ha querido «desmentir» debido a que, como según ha denunciado en este medio, se trata de un acuerdo llevado a pleno en el que varios ayuntamientos aprobaron la posibilidad de ejercer la actividad para «dar vida a los pueblos».

«La Junta abrió expediente de diligencias previas por no presentar la declaración responsable de la actividad», indica el presidente. La actual inquilina del establecimiento ha negado las afirmaciones de Bandera al que acusa de «vender la idea» de un bar cuando se trataba de unas escuelas. «Nos alquiló el bar sabiendo que no tenía licencia para hacerlo», asegura.

La multa económica, que llegó tras la visita de la Guardia Civil por carta certificada indicaba que el establecimiento no figuraba inscrito en el Registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas existentes en el órgano administrativo debido a la falta de la declaración responsable para el ejercicio de la actividad turística.

Esto podría suponer una multa que variará en función de la gravedad, pero que partiría de los 9.001 a los 90.000 euros.

«Cuando nos comunicamos con el presidente para informarle de lo sucedido solo recibimos insultos y vejaciones», denuncia González. Algo que, Fulgencio Bandera ha asociado a una «venganza» por la denuncia que la Junta Vecinal emitió a los inquilinos del local debido a varios «incumplimientos» en el contrato de arrendamiento.

«El mes de julio no pagó la renta y hay facturas de la luz aún a la cola», indica Bandera. Una situación que ha definido como «insostenible» debido a la «ocupación» que han ejercido desde la dirección del establecimiento de zonas comunes con la colocación de cámaras. «Les he avisado en varias ocasiones de que están ocupando terreno que no les pertenece e incluso instalando cámaras en zonas totalmente ilegales», añade.

Una confrontación interna que podría acabar con el cierre del establecimiento y con una denuncia que afrontar.

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