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Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona el vertido de aguas contaminadas en Santa Lucía. Este vertido, según el colectivo, «ha pasado desapercibido hasta que las fuertes lluvias de los últimos días lo han convertido en una 'riada negra' que ha provocado graves ... inundaciones en La Robla».
Según apuntan en un comunicado, «estas aguas residuales sin decantar, contaminadas con lodos, carbón y piedras, proceden de la explotación a cielo abierto 'Corta Pastora' y minas de interior, antes propiedad de la extinta Hullera Vasco Leonesa y ahora en manos del Administrador Concursal que, hace unos meses, construyó una zanja para evacuar las aguas residuales de las minas a través del túnel, de unos 6 kilómetros, que comunica la explotación en Santa Lucía con el lavadero de carbón de La Robla».
Al desbordarse el lavadero, «las aguas han alcanzado el arroyo de Alcedo, el río Bernesga y el núcleo urbano de La Robla, anegando calles y locales particulares, con el consiguiente perjuicio para los vecinos de esta localidad».
Las inundaciones «se están haciendo pasar por inevitables, presentándolas a la opinión pública como una catástrofe natural provocada por la climatología adversa». Lo cierto es que las aguas contaminadas procedentes del cielo abierto «siempre se elevaron, bombeándolas a las balsas situadas en el Campo de Tiro de Santa Lucía (límite oeste de la explotación) para su decantación y posterior vertido al cauce del río Bernesga, minimizando las afecciones a las aguas subterráneas y superficiales».
De la misma forma, Ecoligistas en Acción señala que «por motivos exclusivamente económicos, el Administrador Concursal ha dejado de usar el sistema de balsas de decantación de la Hullera. Se ahorra el coste del bombeo (gastos de personal, instalación y mantenimiento de generadores, gasoil, etc.) tanto más elevado cuanto mayor sea el volumen de precipitaciones. Y todo ello con el consentimiento de las autoridades de la Junta de Castilla y León y el silencio de la Confederación Hidrográfica del Duero».
Para Ecologistas en Acción, «mientras no se realice la restauración ambiental del cielo abierto, -de acuerdo con las medidas que contempla su declaración de impacto ambiental (BOCYL de 31.07.15)- la única solución ajustada a derecho pasa por exigir al Administrador Concursal que sigua bombeando el agua a las balsas construidas para tal fin, con el coste que se necesario».
Se ha solicitado que se investiguen los hechos por ser constitutivos de presuntos delitos contra la naturaleza y el medio ambiente, vulnerando los artículos 325 y siguientes del Código Penal.
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