La empresa pública Adif gestiona las obras de la variante de Pajares y en 2018 confió a la consultora Instituto de Estudios de la Tierra una delicada misión: auditar los daños causados, determinar si incumplen las autorizaciones, y concretar si hay que compensar los perjuicios.
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Su dictamen tiene 529 folios y once anexos que avalan el trabajo de Adif, pero identifican puntos negros en materia hidrológica, dos turberas echadas a perder, y seis estribos de viaductos y túneles más cerca del río de lo que manda la normativa. Hay un tirón de orejas a la limpieza e integración paisajística, ordenando un mayor esfuerzo antes de abrir la línea. Considera que ni el oso ni el urogallo ni las explotaciones ganaderas sufrieron mermas, «el proyecto no ha tenido impacto significativo sobre el patrimonio cultural» y los ruidos entran dentro de lo legal.
El principal perjuicio fue alterar el sistema hidrogeológico. Se perforaron dos tubos de 24,5 kilómetros de longitud y sección circular de 10,5 metros, separados por un pilar rocoso de 45 metros. Los macrotúneles unen Pola de Gordón con Los Pontones (Lena), están a una media de 600 metros bajo tierra con una cota máxima de 1.100 bajo el Cuetu Negru. Hay galerías de interconexión cada 400 metros, y dos accesos intermedios.
En total suponen unos 60 kilómetros de infraestructura subterránea bajo los ríos Bernesga, Casares y Valgrande y arroyos de Folledo, Viadangos y Alcedo, por citar los principales. Tragsasec analizó 125 manantiales, 146 puntos de cauce e hizo once sondeos, todo entre septiembre de 2017 y abril de 2019. Así determinó que las afecciones «quedaban bastante restringidas» respecto a la sospecha inicial.
Según los últimos datos, «se han identificado 12 manantiales con su comportamiento irregular probablemente debido a la excavación de los túneles y otros once que entraría dentro de esa posibilidad». En otros «trece tramos de ríos y arroyos se ha detectado un comportamiento predominantemente perdedor», es decir, que pierden cauce, comportamiento «probablemente relacionado con la construcción de la infraestructura».
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El informe descarta así «una afección generalizada». La distancia media entre los túneles y los cauces o manantiales afectados «es de 463 metros». Existen 23 zonas donde las aguas superficiales pierden recurso hacia los túneles y «dichos sectores abarcan un área de 14 kilómetros cuadrados de superficie», acota.
Durante la perforación de los túneles los caudales máximos drenados en cada tramo oscilaron entre los 177 y los 520 litros por segundo. La impermeabilización y el propio asentamiento del macizo han redujeron las filtraciones a entre 180 y 450 litros por segundo entre 2016 y 2019. El último año hidrológico del que hay datos, el de 2018-2019, arrojó un promedio de 319, lo que supone unos 5,5 litros por segundo en cada kilómetro de túnel. Es «similar al desaguado por otros túneles de características similares», indica el informe que recuerda que en el lote Sedrum de los túneles de San Gotardo oscila de 3 a 5 litros por segundo en cada kilómetro mientras en el de Firenzuola (Italia) llega a 24.
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El dictamen reconoce que durante la perforación «en alguna localidad (por ejemplo Rodiezmo) pudo existir incidencias puntuales en cuanto a desabastecimiento de la población», pero las da por subsanadas. «Tampoco consta que los problemas hidrogeológicos, existentes ciertamente, hubieran producido efectos negativos en manantiales que implicaran pérdidas económicas por incidir en la gestión ganadera», abundan.
Por todo ello la auditoría cataloga de «moderado» el impacto que la obra ha tenido en las aguas, si bien asume que «dadas las incertidumbres que según el Estudio Hidrogeológico aún se mantienen» aconseja seguir vigilando el estado de los cauces.
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