La Diputación de Valladolid y 20 colectivos piden el recrecido de los embalses de Riaño, Porma, Villameca y Barrios de Luna

El documento presentado da continuación a la reunión mantenida el pasado mes de febrero entre la Diputación de Valladolid, el Colegio, las Organizaciones Agrarias, la Cámara Agraria Provincial; las Comunidades de Regantes, las Mancomunidades, la Unión de Cooperativas (URCACYL), medios de comunicación especializados y otros profesionales del sector.

Tras meses de trabajo coordinado por la Diputación de Valladolid y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, se ha elaborado un documento que recoge las alegaciones que suscriben todos estos colectivos y que, como ha señalado Fernando Esteban, «básicamente busca defender a los agricultores y ganaderos, así como, en general, a todas las personas que viven y desarrollan su actividad dentro del mundo rural, para ayudar a hacer de nuestros pueblos un espacio de oportunidades».

A lo largo de 24 páginas, se desgranan las alegaciones distribuidas en 12 apartados diferentes y que hacen referencia a cuestiones como el uso sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación urbana e industrial, la implantación de caudales ecológicos, la sostenibilidad del regadío, la adaptación al cambio climático, la optimización de las gestión de la oferta de recursos hídricos o la regulación y control del dominio público hidráulico.

El documento cuenta con el respaldo de la Diputación de Valladolid, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, UCCL, ASAJA, COAG, URCACYL, la Asociación de Aguas Subterráneas de Castilla y León, La CUAS Tierras de Medina, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas, la Comunidad de Regantes de Geria – Simancas – Villamarciel, la Mancomunidad Tierras de Medina, la Mancomunidad Tierras del Adaja, la Mancomunidad Rio Eresma, la Mancomunidad La Churrería, la Mancomunidad Vega del Duero, Empresa Agraria de Castilla y León, Agronews Castilla y León, además de otras empresas y particulares.

Entre las medidas propuestas destacan, en materia de uso de aguas subterráneas, la necesidad de facilitar al usuario la regularización de los diferentes derechos inscritos mediante procesos jurídicamente seguros y eficaces pero con una tramitación sencilla y breve, sin que, en ningún caso, esta regularización ampare peajes que supondrían una penalización a aquel usuario que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente.

Asimismo, en esta materia se propone una regularización de oficio de todos aquellos aprovechamientos que demuestren que están en funcionamiento desde el momento en que recibieron la autorización de la administración competente y con las dotaciones y superficies con las que fueron autorizados y funcionaron con anterioridad al 1 de enero de 1986.

Por otro lado, se propone incrementar la capacidad de regulación de la Cuenca, actualmente en el 31%, muy por debajo de otras cuencas como Ebro (50%), Tajo (90%), Guadalquivir (115%) o Guadiana (218%), lo que supondría incrementar los recursos hídricos disponibles. Ello ayudaría a solventar otros problemas derivados de los efectos del cambio climático, aumentando el almacenamiento en años de mayor pluviometría y evitando inundaciones, además de permitir el establecimiento de caudales ecológicos acordes al mantenimiento de la biodiversidad de la cuenca, sin que esto tenga que suponer una restricción del uso del agua por los regantes.

Así, y dentro del apartado de sostenibilidad del regadío, se propone el recrecido de los embalses de Castrovido, Compuerto, Riaño, Porma, Villameca, Aguilar, Cuerda del pozo y las Cogotas, así como mantener el desarrollo completo de las zonas de la Armuña y Payuelos.

Además, se demanda la incorporación a los presupuestos en el horizonte 2021-2027 de un total de 14 nuevos embalses, la regulación de los ríos Cea y Valderaduey, y el recrecido de los embalses de Barrios de Luna, Porma, Requejada y Santa Teresa.

En el documento presentado se reclama más agilidad en las tramitaciones administrativas y mejora de los procedimientos asociados a la tramitación de concesiones, autorizaciones, modificaciones de características, etc.

En este sentido, se demanda simplicidad, claridad y reducción de plazos en los procedimientos, ya que en la actualidad existe una excesiva complejidad sobre todo al completar los expedientes de jóvenes agricultores.

Por último, y sobre la gestión del riesgo de inundación, el actual texto pone en peligro explotaciones de regadío plenamente consolidadas, por lo que se solicita que para cualquier actuación localizada se tenga en cuenta a las personas que viven en el territorio, que son quien mejor conoce en profundidad sus necesidades y las del territorio y quienes pueden resultar beneficiados o perjudicados por cualquier tipo de actuación.