El SAM de la Diputación de León realizó más de 15.200 trámites para los pueblos de la provincia en 2020

El vicepresidente de la Diputación y diputado responsable del SAM, Matías Llorente, destaca la importante labor que el servicio realiza en beneficio de los pueblos de la provincia y ensalza el esfuerzo de este equipo compuesto por una veintena de trabajadores. Las modificaciones legislativas operadas en los últimos años y su aplicación en el ámbito local han propiciado un incremento de la demanda de asistencia tanto de los ayuntamientos como de las juntas vecinales con el consiguiente aumento de desplazamientos del personal adscrito al SAM. «Cabe recordar que de los 211 municipios que conforman la provincia de León, 208 tienen menos de 20.000 habitantes y, por lo tanto, encuentran en la institución provincial el principal apoyo para administrar sus intereses y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos de competencia municipal, un apoyo que, cuanto más pequeño es el municipio más necesario se vuelve», sostiene Llorente.

Durante el año 2020, el SAM de la Diputación de León desarrolló, como se ha indicado, más de 15.200 actuaciones de asesoramiento jurídico, económico y técnico, tanto de forma presencial como de forma telemática. Esto significa que se prestó asistencia a tribunales en medio centenar de casos, se tramitaron expedientes de inventarios para 210 juntas vecinales, se realizaron 191 informes de asesoramiento jurídico y se asesoró en la formación de 63 mesas de contratación, entre otros cometidos, en lo que a asistencia jurídica y económica se refiere.

De esta manera, se está contribuyendo a la regular composición y funcionamiento de las mesas de contratación, órgano técnico encargado de valorar las ofertas que se presentan por los licitadores en los diferentes procedimientos que convocan los ayuntamientos de la provincia, en la mayoría de los casos obras públicas que cuentan con importantes aportaciones de la institución provincial a través de las líneas de subvenciones que se publican de manera sistemática, siendo la más relevante de ellas el Plan Provincial de Cooperación Municipal.

En este sentido, se ha puesto a disposición de las entidades locales un sistema simplificado de tramitación telemática de los expedientes de contratación, garantizando la adaptación paulatina de estas administraciones a las exigencias de la normativa contractual del sector público y reforzando la concurrencia y transparencia en los procedimientos, sin perjuicio de que desde el SAM se haya procedido a realizar la tramitación telemática de expedientes de licitación en ayuntamientos que carecían de técnicos capacitados al efecto. Hay que señalar que la reducción en el número de secretarios municipales ha determinado la asunción directa por parte de los funcionarios adscritos a este servicio de un volumen de trámites esenciales y críticos en el normal funcionamiento de las entidades.

En cuanto al auxilio técnico, se llevaron a cabo 657 actuaciones en materia de autorizaciones de uso excepcional de suelo rústico, informes previos de licencias urbanísticas o de segregaciones, informes de estados de inmuebles, consultas de clasificación y calificación urbanística, informes de supervisión de proyectos o informes de planeamiento urbanísticos, por citar algunos de los trabajos realizados a petición de ayuntamientos y juntas vecinales. Del mismo modo, se cuentan por decenas las entidades locales, sobre todo pedanías, que han recurrido a los técnicos del servicio para la revisión de sus ordenanzas fiscales.

Además, también dentro de su cometido de asesoramiento y apoyo técnico está la asistencia en la contabilidad de aproximadamente medio millar de entidades locales menores, la teleasistencia en la contabilidad de los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes que así lo han reclamado y la asistencia informática de municipios y juntas vecinales. Todo esto comprende labores de liquidaciones, elaboración de presupuestos, rendimiento de cuentas, consultas sobre administración electrónica o creación, actualización y monitorización de los portales web municipales.

Las deficiencias de la provincia de León en conectividad y acceso a banda ancha de nueva generación, actualmente en proceso de resolución, se han hecho especialmente patentes en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, lo que se ha traducido en una mayor demanda por parte de los ciudadanos y los municipios de la provincia de los servicios de administración electrónica y, por ende, en una mayor carga de trabajo para el SAM de la Diputación, que vio cómo de 2019 a 2020 se incrementaba su actividad un 24,9% al pasar de 12.227 asistencias a las 15.272 ya expuestas.

Durante la pandemia, la asistencia informática prestada ha permitido la celebración de sesiones plenarias de forma telemática a través de la aplicación facilitada por la Diputación para la realización de videoconferencias a fin de garantizar, en la medida de lo posible, la menor exposición al virus.

Además, como ya se ha expuesto, la Diputación sirve de enlace entre los municipios y el Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones (Red SARA) de la Administración General del Estado y demás plataformas de tramitación electrónica. La institución provincial proporciona a los ayuntamientos de la provincia una herramienta de administración electrónica, sin coste para los municipios, desde la que acceder a sistemas como Cl@ve, Sistema de Información Administrativa (SIA), Servicio compartido de gestión de Notificaciones (Notifica), Sistema de Interconexión de Registros (SIR), Registro Electrónico de Apoderamientos (Apodera) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que les permite alcanzar una mayor eficacia en todos sus trámites.

Desde esta sede electrónica, los ayuntamientos pueden realizar alrededor de 150 trámites administrativos a través de internet ofreciendo a sus vecinos medios de acceso para presentar solicitudes telemáticas, consultar sus anotaciones de registro y los expedientes que se encuentran en trámite, recibir notificaciones electrónicas, realizar pagos telemáticos o verificar la validez de documentos electrónicos. El servicio que esta herramienta presta a los municipios queda patente en las cifras con casi 3,5 millones de trámites en el último ejercicio.