Centros de Refugiados en León

«Dependiendo de su nacionalidad se integran mejor o peor, pero no hay problemas»

La polémica generada a raíz del nuevo centro de ayuda humanitaria, ubicado en el Chalé de Pozo de Villaquilambre, que acogerá a 170 somalíes residentes actualmente en Canarias ha estado en el foco mediático durante los últimos días. Reuniones de vecinos, recogida de firmas y manifestaciones que buscan impedir la llegada de migrantes al municipio.

La responsable de Centros Integrales para Personas Inmigrantes en León, Encarna García, ha informado sobre la «necesidad» de comunicar la convivencia de estas personas migrantes con los habitantes leoneses en otros centros de la provincia. «Es necesario que la gente sepa que son personas que necesitan asilo y que vienen a trabajar», asegura García.

La asociación, que actualmente dirige dos centros de acogida en la provincia, dirigió también uno en Villaquilambre desde marzo de 2022 a agosto del 2023 con «unas 90 plazas». Con la iniciativa de acoger refugiados, las vacantes se fueron llenando con gente de todo el mundo que necesitaba asilo. Una experiencia que recuerda como «enriquecedora», en la que los colegios de las localidades cercanas acogieron a los niños, los puestos vacíos que no encontraban trabajadores se cubrieron e incluso algunos de los refugiados se quedaron a vivir en esos lugares. Sobre la polémica actual relacionada con el centro del Chalé de Pozo la responsable de Accem en León asegura que «en 30 años no he visto nunca algo así».

Con el paso del tiempo el centro cerró, al igual que ocurrió en el Seminario del Amor Misericordioso, regentado por curas y perteneciente al municipio de Alija del Infantado. Se trataba de un viejo colegio que se adaptó para ser centro de acogida con la llegada de ucranianos a principios del año 2022 y que funcionó durante casi un año.

«Nunca supimos de ningún tipo de problema», asegura José María Sánchez, alcalde de la localidad. La experiencia para los vecinos del pueblo fue una situación «normalizada» en la cual, «aunque al principio desconfiaban» de ello, rápidamente se adaptaron a la convivencia hasta el punto de que dos de las parejas que se trasladaron al municipio como refugiados decidieron quedarse.

Astorga también cuenta con un Centro de Ayuda Humanitaria ubicado en el municipio de Brazuelo. Se abrió en 2019 y, aunque está «algo apartado del municipio», cuenta con muchos pueblos cercanos que al principio «lo rechazaban». «La desinformación o incluso el miedo generado por las habladurías son el mayor de los problemas», explica García. Con 39 plazas, ha querido recordar la «buena coordinación» del centro maragato, en el que conviven diferentes nacionalidades ya que «tratamos a todas las personas que solicitan protección internacional».

El Bar Volante, situado alrededor de 1 kilómetro del Centro de Refugiados de Brazuelo, recalca la «inclusión» de los solicitantes de asilo. Dependiendo del «país de procedencia de los migrantes» se relacionan «más o menos», aseguran. Una situación que depende de variantes como «la cultura o las costumbres» ya que «los latinoamericanos pasaban mucho tiempo en el bar y son más sociables», lo que contrasta con los llegados actualmente al centro, «que proceden sobre todo de Senegal» y «no suelen pasar por aquí», cierra la hostelera.

Procedentes de África, Venezuela, Colombia o desde cualquier lugar del mundo, los refugiados siguen llegando a una localidad en la que, desde el propio Ayuntamiento de Brazuelo aseguran la «inexistencia» de problemáticas más allá de «los normales de convivencia como cualquier otro vecino».

El Valencia de Don Juan llevan dos años conviviendo con ellos, ya que otro de los centros se encuentra frente al famoso castillo del municipio. Uno de los restaurantes vecinos asegura ver el constante trasiego de refugiados los cuales se sientan frente a su establecimiento «sin causar ningún problema» aunque, según indica, no suelen consumir allí. Otra cafetería de la calle ha asegurado que «salen poco» y que no existe ningún tipo de problema debido a que ni siquiera coinciden con ellos.

Con 95 plazas ocupadas con migrantes que firman un contrato social con la entidad, el centro se asegura del cumplimiento total de derechos y deberes con las obligaciones pertinentes. «No se trata de traer personas para enseñarles a pedir ayudas, ellos vienen a formarse», explica García. Con programas de empleo y formación comienzan «un proceso de conocimiento del idioma» para adaptarse al entorno. El trabajo en habilidades sociales, así como el conocimiento del contexto del trabajo y la formación previa al empleo, son las bases fundamentales de la formación. «Todos trabajan, no vienen a cobrar subsidios. Lo enfocamos ahí, no ha cobrar un ingreso mínimo vital».

Con una estancia media de un año y medio hasta la resolución de asilo, desde el centro se intenta «formar y educar a los migrantes» para generar que estos «tengan una vida autónoma» por lo que el tiempo «es clave para conseguir que se adentren en la vida laboral». Los centros de acogida no solo producen un «considerable aumento de población», sino que también «crean nuevos puestos de trabajo» en los municipios, indican desde Accem.

La Asociación de Centros Integrales para Personas Inmigrantes en León cuenta con unos 70 empleados encargados de la educación, cuidado y formación de los refugiados, algo que «enriquece» y por lo que, desde la propia dirección de la asociación, no entienden la actitud «desmedida» de la situación.

«Personas tranquilas», «muy receptivas» y «no ha habido conflictos» son algunos de los testimonios de los establecimientos de la zona cercana al centro de refugiados La Fontana, situado en Armunia. Los pequeños comercios que rodean el local coinciden en que «la convivencia es tranquila» y que «no ha habido ningún robo ni pelea» desde que se instalaron allí.

La mayoría de personas que viven allí son refugiados procedentes de Siria, Haití, Mali y Ucrania, aunque desde un estanco de la zona, apuntan que se nota «cada vez más» la presencia de «personas latinoamericanas», mientras que en sus comienzos «eran principalmente ucranianos». Patricia, responsable del comercio, apunta que suelen acudir mucho «sobre todo a recargar la tarjeta del autobús», pero que no ha tenido «ningún problema».

Otro de los negocios de la calle, una tienda de muebles de segunda mano, afirma que «toda la zona sigue muy tranquila como siempre» y que no ha tenido «ningún problema» ya que «son gente muy receptiva». Testimonio similar al del dueño de una administración de loterías vecina, quien no ha tenido «ningún problema con ellos», aunque reconoce que «a comprar lotería no suelen acudir». Concesionarios de automóviles de la zona desconocían incluso de la existencia de este centro y pensaban «que era un colegio», destacando únicamente que a veces «se oye algo de música», mientras que la gasolinera de la zona coincide en que «todo está normal».

Este centro de refugiados pertenece al Programa de Protección Internacional, que cuenta con una duración de 18 meses en los que existen dos fases: una acogida temporal y una preparación para la autonomía e inserción sociolaboral de las personas refugiadas. En el pasado año 2023 contaba con 76 personas de hasta 26 nacionalidades distintas.

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